CIUDAD JUÁREZ.– El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, informó que ya han sido analizados 148 cadáveres de los 383 encontrados en el crematorio Plenitud, y de ellos, 27 cuerpos cuentan con nombres probables, gracias al trabajo forense y el procesamiento individualizado que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE).
En conferencia de prensa este viernes 5 de julio, el funcionario detalló que incluso la cifra de cuerpos podría aumentar a 386, debido al hallazgo de restos humanos desasociados en el inmueble.
Jáuregui explicó que el proceso de identificación es minucioso:
“Estamos haciendo una clasificación muy individualizada. Esto permite que al momento de identificar, sea más rápido y con menos errores”.
También señaló que se realiza un proceso de rehidratación en varios cuerpos con el objetivo de recuperar huellas dactilares, uno de los métodos más confiables para confirmar identidad plena.
El fiscal reiteró que hasta el momento, los cuerpos no presentan signos de violencia física y muchos provienen de hospitales, lo que sugiere que el crematorio funcionaba como un centro de almacenamiento irregular, subcontratado por funerarias locales.
Asimismo, confirmó que una de las víctimas ya fue identificada plenamente, al hallarse en una carroza fúnebre con cenizas mal entregadas a su familia.
Más de 700 familias han acudido a la Fiscalía con inquietudes sobre las urnas que recibieron, temiendo que no contengan los restos reales de sus seres queridos.
“Estamos atendiendo a todas las personas que han solicitado pruebas, comparaciones y orientación legal”, afirmó Jáuregui.
El fiscal dijo que espera que este mismo viernes, José Luis A. C. (propietario del crematorio) y Facundo M. R. (empleado) sean vinculados a proceso por su responsabilidad en los delitos de trato indebido de cadáveres e inhumación clandestina.
Además, confirmó que ya se integran las primeras denuncias por fraude, junto con las familias que buscan justicia por el engaño masivo que representa haber recibido cenizas falsas.
Debido a la magnitud del caso, la Coespris se encuentra bajo auditoría administrativa, para investigar cómo fue posible que el crematorio operara sin control.
El fiscal también señaló que en abril de 2023, Protección Civil Municipal realizó una inspección sin encontrar irregularidades, pero que el dueño original del negocio falleció en agosto de ese mismo año, lo que coincide con el posible inicio de las operaciones ilegales del actual propietario.
“Es muy probable que el almacenamiento irregular de cuerpos haya comenzado tras la muerte del dueño anterior”, explicó Jáuregui.
Esto implicaría que los cuerpos llevaban meses, incluso más de un año, en condiciones de conservación deficiente, lo que explica la descomposición parcial y el reto forense que implica identificarlos.
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