La nueva prórroga permitirá importar autos hasta modelo 2019; a partir de 2026, se incluirán los 2020
Ciudad de México.– El Gobierno Federal amplió el plazo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera —conocidos como “autos chocolate”— hasta el 30 de noviembre de 2026, según el nuevo decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, con el objetivo de extender las facilidades para que miles de ciudadanos regularicen sus unidades sin documentación legal.
Podrán regularizar autos hasta modelo 2019
Con esta ampliación, las personas podrán seguir importando vehículos que no sobrepasen el año modelo 2019, y a partir de 2026, se permitirá incluir modelos 2020, conforme a las reglas vigentes.
El decreto busca formalizar los vehículos extranjeros que ya circulan en México, especialmente en estados fronterizos donde esta práctica es común.
Inicialmente, la medida se aplicó en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán y Baja California Sur, pero posteriormente fue extendida a más entidades del país.
Requisitos para regularizar un vehículo
Los principales requisitos para acogerse al programa son:
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Que el vehículo sea usado y de procedencia extranjera.
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Que tenga un Número de Identificación Vehicular (NIV) de fabricación o ensamble en México, Estados Unidos o Canadá.
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Que el modelo sea seis años o más anterior al año en que se realiza el trámite.
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Que no sea de lujo, blindado, con reporte de robo o con fallas graves mecánicas o ambientales.
El costo del trámite se mantiene en 2,500 pesos por vehículo, y debe realizarse con cita previa a través del sistema oficial, además de una verificación física de la unidad.
Un impulso económico y de regularización
De acuerdo con el decreto, los recursos recaudados por el proceso de regularización serán destinados a obras de pavimentación y mejora urbana en los municipios participantes.
Autoridades federales señalaron que esta medida busca brindar certeza jurídica y seguridad patrimonial a miles de familias que utilizan estos vehículos para su trabajo o transporte diario.