CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – Integrantes de al menos 80 familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud alzarán la voz este sábado con una protesta y la entrega formal de un pliego petitorio ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en el que exigirán penas de hasta dos años de cárcel por cada cuerpo localizado en el sitio, además de mayor transparencia en la investigación.
Dora Elena Delgado Barraza, una de las representantes del grupo de afectados, calificó de inaceptable que las autoridades planteen penas máximas de dos años, pese a que en el lugar fueron encontrados al menos 386 cuerpos.
“Queremos dos años por cada cuerpo, por el daño que se causó no solo a las personas fallecidas, sino a las familias que tuvieron que volver a abrir su duelo. No se trata de cifras, se trata de dignidad”, declaró Delgado Barraza.
La vocera subrayó que cada cuerpo representa una familia compuesta por hasta 10 integrantes, y que el trato que se ha dado al caso parece más burocrático que humano.
“Nos están tratando como si nuestros familiares fueran basura. Esta justicia ciega, sorda y muda no puede convencernos de que sólo se merecen dos años de cárcel por todo este daño”, sentenció.
La manifestación dará inicio a las 9:00 de la mañana del sábado frente a la funeraria Latinoamericana, ubicada sobre el Paseo Triunfo de la República, para después dirigirse en caravana hacia la sede de la Fiscalía General del Estado en el eje vial Juan Gabriel.
Ahí entregarán el pliego petitorio, que incluye:
Cárcel por al menos dos años por cada cuerpo encontrado.
Acceso pleno a la investigación para los familiares.
Transparencia total en las pruebas y procedimientos.
Reconocimiento del daño emocional y psicológico colectivo.
El fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, reveló que al menos cuatro denuncias penales por fraude ya han sido interpuestas, luego de que urnas con cenizas falsas fueron entregadas a familias que contrataron servicios de cremación con la funeraria Plenitud.
Estas urnas, pagadas por los deudos, no contenían los restos reales de sus seres queridos, lo que ha agravado el sufrimiento de los familiares y ha generado un sentimiento de impunidad e indignación social.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que ha recibido al menos nueve quejas de familias que no tienen certeza sobre la ubicación o autenticidad de los restos que les fueron entregados.
Estas quejas se suman a la creciente exigencia de justicia que plantea un precedente alarmante sobre la falta de supervisión en los servicios funerarios en el estado.
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