Ciudad Juárez.– El hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar en el crematorio Plenitud, al sur de Ciudad Juárez, ha abierto una profunda herida emocional entre cientos de familias, que hoy dudan si las urnas que recibieron realmente contienen los restos de sus seres queridos.
Uno de ellos es Raúl Rentería, quien acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) con un folder bajo el brazo y la voz quebrada, temiendo que los restos de su padre, fallecido en 2020 por COVID-19, estén entre los cadáveres hallados en el lugar.
“Ahora no sé a qué cenizas le lloré”, declaró Raúl, quien contrató los servicios de la funeraria Luz Divina, una de las cinco señaladas por subrogar cremaciones al crematorio investigado.
El fiscal César Jáuregui calificó la escena como “dantesca”: cuerpos apilados, desnudos, en descomposición y sin refrigeración, incluso en oficinas y dormitorios del inmueble. Algunos habrían estado ahí desde la pandemia, según se presume por el estado de embalsamamiento.
Los restos —según cifras forenses— corresponden a:
218 hombres
149 mujeres
16 sin sexo definido
4 menores de edad, incluidos 2 neonatos
Las familias que recibieron urnas de cinco funerarias (Luz Divina, Capillas Latinoamericana, Amor Eterno, Protecto Deco y Carmen) ahora enfrentan la incertidumbre de saber si fueron víctimas de un engaño masivo.
El director de Servicios Periciales, Javier Sánchez, informó que el equipo trabajará con:
Odontogramas
Cicatrices y tatuajes
Fotografías de familiares
Técnicas de rehidratación para tomar huellas dactilares
Extracción de ADN, aunque complicada por químicos del embalsamamiento
“Esto puede tardar meses o años”, advirtió Sánchez.
Según las investigaciones, el crematorio Plenitud fue clausurado desde 2020 por Protección Civil por desechos biológicos y malos olores, pero continuó operando clandestinamente. Las familias pagaron entre 14 y 18 mil pesos por un servicio que nunca se realizó.
La FGE imputó a José Luis A. C. (dueño) y Facundo M. R. (empleado) por:
Inhumación ilegal
Exhumación indebida
Violación a la Ley Estatal de Salud
Ambos enfrentan prisión preventiva, y podrían recibir hasta 17 años de cárcel, sin contar los cargos por fraude y daño moral.
Gloria Criollo, otra de las personas afectadas, acudió a la FGE sin saber si sus padres están entre los cuerpos. Al no llevar todos los documentos, fue rechazada por personal, aunque su funeraria también está señalada.
“¿Qué cenizas me dieron? ¿Qué guardé en esa urna? Es devastador”, relató entre lágrimas.
Contó que los peritos ahora piden fotos de los difuntos sonriendo, para comparar dentaduras, y documentos personales para avanzar en el proceso de identificación.
Algunas familias comienzan a dudar si las cenizas que recibieron siquiera provienen de humanos, o si fueron rellenadas con materiales genéricos para aparentar una cremación completa. La revictimización es dolorosa.
“Nos entregaron cenizas, pero ahora no sabemos de quién. ¿Están ahí nuestros padres? ¿O lloramos cenizas de otra persona?”, cuestionó Gloria.
Organizaciones civiles, como el CDH Paso del Norte y CEDIMAC, exigen a la FGE esclarecer el caso, sancionar a los responsables y proteger la dignidad humana post mortem, además de una reforma profunda al sistema forense y funerario en el estado.
“Este es uno de los casos más graves de mal manejo de cuerpos en la historia reciente del país”, advirtieron.
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