Fue detenido con cocaína, un arma y más de 100 mil dólares; se le acusa de delitos contra la salud y lavado de dinero
Ciudad Juárez.– Juan Rafael Z. L., alias “El Perris”, señalado como operador financiero y mando del grupo criminal “La Empresa”, fue enviado a prisión preventiva oficiosa tras comparecer ante una jueza federal por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La detención de “El Perris”
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), la detención ocurrió el pasado viernes 10 de octubre en una vivienda del fraccionamiento Fuentes del Valle, en Ciudad Juárez.
El operativo fue ejecutado por agentes de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE) con apoyo del Ejército Mexicano, en cumplimiento de una orden de cateo girada por una jueza especializada en narcomenudeo.
Durante el cateo, las autoridades aseguraron:
Medidas extremas de seguridad
Por el nivel de riesgo del detenido, su traslado fue realizado bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y agentes ministeriales escoltaron el convoy desde las instalaciones de la FEOE hasta la sede de la FGR, ante la posibilidad de un intento de rescate por parte de integrantes del grupo criminal.
Audiencia y situación jurídica
Durante la audiencia inicial, celebrada ante la jueza de control Marina Guadalupe Hernández Maldonado, “El Perris” escuchó formalmente los cargos en su contra.
Sus abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional, con el objetivo de preparar su defensa y definir si será o no vinculado a proceso por los delitos que se le imputan.
Mientras tanto, el presunto líder criminal permanecerá recluido bajo prisión preventiva oficiosa, una medida que garantiza su permanencia en el penal mientras continúa la investigación.
“La Empresa” bajo la lupa
El grupo delictivo “La Empresa” ha sido identificado como una de las células criminales con presencia en la frontera norte, vinculada a actividades de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. Autoridades federales mantienen operativos activos para debilitar su estructura operativa y financiera.
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