Al menos 20 policías viales reprobados en C-7 fueron armados y enviados a zonas de alto riesgo, según testimonios
Ciudad Juárez.– Una nueva denuncia pone en entredicho las prácticas internas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, luego de que al menos 20 agentes de la Subsecretaría de Movilidad (antes Policía Vial) fueran citados en el Complejo de Seguridad para ser comisionados a patrullajes en Ciudad Juárez, a pesar de haber reprobado los exámenes de control y confianza (C-7).
La instrucción, de acuerdo con testimonios de los propios elementos, habría sido emitida directamente por el secretario Gilberto Loya Chávez, quien supuestamente ordenó armar con equipo táctico largo y corto a personal que previamente había sido desarmado por no cumplir los estándares de confiabilidad.
Patrullan sin acreditar exámenes
Los agentes, quienes hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, aseguraron que muchos de ellos llevan años sin acreditar los controles internos, pero aún así están siendo enviados a zonas de alto riesgo en Ciudad Juárez, sin contar con respaldo institucional ni recursos suficientes.
“Nos están usando como carne de cañón. No tenemos viáticos, ni hospedaje adecuado, y nos mandan a hacer funciones que no nos corresponden”, declaró uno de los elementos inconformes.
Reprobaron el C-7… y aún así los armaron
El examen C-7 es uno de los mecanismos obligatorios que evalúan la confiabilidad de los agentes de seguridad en México, e incluye pruebas toxicológicas, de polígrafo, psicológicas y de entorno social.
Reprobar estas pruebas implica automáticamente la inhabilitación para portar armas o ejercer funciones operativas, pero en este caso los agentes afirman que se les está entregando armamento, en contra de lo establecido por la normativa federal y estatal.
Sin pago de tiempo extra y con condiciones precarias
Además del riesgo operativo, los policías revelaron que ni siquiera han recibido el pago por tiempo extra correspondiente al año anterior, mientras se les exige cumplir jornadas extendidas, dormir en condiciones precarias y asumir responsabilidades que, aseguran, deberían corresponder exclusivamente a la Policía Estatal.
“Nos tienen en dormitorios improvisados, sin comida adecuada, sin compensaciones. Nos tratan como si fuéramos desechables”, denunció otro de los agentes desplazados.
La SSPE guarda silencio… por ahora
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha emitido una postura oficial respecto a las acusaciones. Tampoco se ha aclarado si existe una instrucción formal o si se trata de una decisión operativa de mandos intermedios.
Este caso revive la preocupación por el uso político y operativo de personal no certificado en tareas delicadas como la vigilancia en municipios con alta incidencia delictiva como Ciudad Juárez, lo que podría incluso invalidar detenciones o procedimientos judiciales, al tratarse de agentes no acreditados.