La decisión se suma a un despliegue sin precedentes de militares, alambre de púas, y vigilancia reforzada a lo largo de 63 millas, desde la frontera con Nuevo México hasta El Paso. La medida fue anunciada como una estrategia para contener los cruces ilegales sin necesidad de invocar la Ley de Insurrección.
De acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, las zonas de defensa nacional permiten que soldados detengan a migrantes que ingresen por puntos no autorizados, entregándolos a la Patrulla Fronteriza sin orden judicial previa. Esta acción representa una ampliación de las funciones militares en territorio civil y ha generado alarma entre defensores de derechos humanos.
Walter Slow, jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, advirtió:
“Cruzar el Río Bravo es un delito federal bajo el Título 8. Quien lo haga será deportado inmediatamente, muchas veces hacia puntos lejanos de la frontera donde no pueda regresar fácilmente.”
La medida ha generado temor entre la comunidad migrante, especialmente tras los primeros arrestos militares ocurridos el 3 de junio. En El Paso, cientos de personas salieron a las calles a protestar, gritando consignas como “¡Alto al miedo, alto a las redadas!”.
Comercios locales en el centro de El Paso reportan una caída en la afluencia de clientes por el temor de los migrantes a ser detenidos durante su tránsito por la ciudad.
A pesar de la efectividad inmediata del programa —las detenciones han bajado de 2 mil a solo 60 al día en esa zona—, tribunales federales en Texas y Nuevo México han comenzado a anular cargos por “trespassing”, argumentando que no existe señalización clara ni advertencias visibles para los migrantes que cruzan la zona militarizada.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que esta estrategia empuja a los migrantes hacia rutas más peligrosas, especialmente a través del desierto, lo que podría aumentar las muertes por deshidratación, animales salvajes o encuentros con traficantes.
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