CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA — El asesinato del abogado Óscar Gael Cano Rodríguez ha abierto una compleja línea de investigación que apunta en dos direcciones simultáneas: por un lado, la posible implicación de los seis detenidos por el ataque al equipo SWAT de la Policía Estatal; por el otro, acusaciones extraoficiales señalan una posible colusión de elementos policiacos estatales en el crimen, ocurrido frente a la Fiscalía de Distrito Zona Norte.
Según la agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, Cano fue asesinado tras presentarse para nombrarse como abogado defensor de los seis sujetos acusados de homicidio en grado de tentativa contra 14 elementos del SWAT.
El MP intentó vincular el asesinato con los seis acusados, señalando que el crimen pudo haber sido perpetrado por ellos:
“No hay nada que nos pueda decir que no fueron ellos quienes lo hicieron porque habló con ellos”, dijo la agente.
Este argumento provocó incredulidad y desconcierto tanto entre los acusados como entre los defensores presentes y el juez de Control, quien prestó atención especial a la afirmación, aunque la defensa señaló que no existe vínculo probatorio entre ambos hechos.
En paralelo, fuentes cercanas al caso —que solicitaron anonimato por temor a represalias— afirman que el crimen pudo haber sido ejecutado con participación de agentes estatales, los mismos que al momento del asesinato estaban dentro del edificio de la Fiscalía presentando denuncia contra los seis detenidos.
La víctima, Óscar Gael Cano, fue asesinada a plena luz del día, cerca de las 2:30 de la tarde, a metros de la Fiscalía y del Eje Vial Juan Gabriel, un punto donde se encontraba presencia activa de policías municipales y estatales. A pesar de ello, el asesino escapó caminando tranquilamente, según testigos, incluso pese a la persecución de la esposa del abogado, quien presenció el ataque.
Se reveló que Cano Rodríguez había representado anteriormente a José Luis A. L., señalado como cabecilla de una célula criminal, y que en ocasiones previas logró su liberación, gracias a vacíos procesales o ventajas del sistema penal.
La versión que apunta a una posible venganza institucional cobra fuerza ante el contexto del reciente ataque a elementos del SWAT, y la presión interna dentro de las corporaciones tras la agresión.
La Fiscalía no ha descartado ninguna línea de investigación, pero enfrenta cuestionamientos por la rapidez con la que intentó imputar el crimen a los propios representados de la víctima. Mientras tanto, la sociedad civil y gremios jurídicos exigen justicia y transparencia, ante un caso que evidencia los riesgos que enfrentan los defensores legales en contextos de alta violencia.
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