CIUDAD JUÁREZ.– La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) confirmó la existencia de 11 carpetas de investigación por delitos sexuales cometidos presuntamente al interior de la guardería Gussi, ubicada en la colonia Cuauhtémoc.
De acuerdo con información oficial, se han abierto cinco carpetas por violación y seis por abuso sexual, luego de la revisión médica y psicológica de al menos 31 menores que asistían al plantel. Hasta el momento, no hay personas detenidas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que el compromiso es garantizar el acceso a la justicia y dar con los responsables, en un proceso que ha generado indignación masiva entre las familias afectadas y la sociedad juarense en general.
Las investigaciones continúan en proceso de integración y las autoridades afirmaron que no habrá impunidad, aunque padres de familia acusan falta de celeridad y encubrimiento.
El pasado fin de semana, decenas de padres se manifestaron frente a las instalaciones de la guardería con pancartas y gritos de indignación. Muchos de ellos denunciaron que los agresores son parte del mismo personal docente, e incluso señalaron presunta complicidad de la directiva, a quien acusaron de encubrimiento y colusión con delitos de índole pedófila.
“¡Nuestros hijos fueron abusados y nadie ha sido detenido!”, gritó una madre visiblemente afectada.
“Queremos justicia, queremos que cierren esta guardería y procesen a todos los responsables”, añadió otro padre.
La FEM ha confirmado que se están revisando las condiciones de operación del plantel, así como la vinculación del personal directivo y docente con los posibles actos delictivos. Los testimonios de los menores están siendo recabados con protocolos especializados, debido a la delicadeza y gravedad de los hechos.
Mientras tanto, el plantel continúa cerrado, y se espera que en las próximas horas se emitan resoluciones judiciales respecto al avance de las carpetas.
El caso ha sido catalogado ya como uno de los más graves en el ámbito educativo infantil en la ciudad. Organizaciones civiles han pedido la intervención de organismos de derechos humanos, así como reformas en la vigilancia y certificación de estancias infantiles privadas.
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