Familiares acusan que se les pide dinero para que reos puedan comunicarse; autoridades inspeccionan inhibidores de señal
CIUDAD JUÁREZ.– Tras la reciente difusión de imágenes que mostraban las condiciones de las celdas en el módulo 1 del Cereso Estatal número 3, familiares de internos han denunciado públicamente que se les exige un pago para permitirles hacer videollamadas, revelando un esquema de cobros supuestamente ilegales dentro del penal.
A través de redes sociales, se compartió un supuesto comprobante de depósito por 250 pesos a nombre de una mujer, con fecha del año pasado, como prueba de los cobros realizados para permitir que un recluso acceda al uso de celular y realice videollamadas.
Según los testimonios difundidos, este monto es el que deben pagar algunos familiares si desean que sus seres queridos puedan comunicarse con ellos desde el interior del centro penitenciario, lo que ha generado indignación y sospechas de corrupción al interior del Cereso 3.
Hasta el momento, no se ha especificado cuántos minutos de llamada se permite por ese monto, ni si hay tarifas diferenciadas, pero los denunciantes aseguran que la práctica persiste hasta la fecha, incluso después del operativo reciente.
En paralelo a estas denuncias, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reveló imágenes tras el traslado de 120 reos de alta peligrosidad, donde se aprecian cigarros, pastillas, pantallas, prendas no permitidas y aparatos de audio dentro de las celdas del módulo 1, lo que evidencia el descontrol operativo previo.
Como respuesta a la problemática de comunicaciones ilegales, la SSPE convocó a una reunión técnica con participación de:
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Operadores de redes móviles de México y EE.UU.
Autoridades de seguridad pública
Especialistas en telecomunicaciones
Esta colaboración busca fortalecer los inhibidores de señal dentro del penal, asegurando que no se interfiera fuera del Cereso, pero sí se controle el uso no autorizado de teléfonos celulares por parte de los internos.
Aunque la SSPE no ha emitido una postura oficial sobre los presuntos cobros, ya se ha solicitado una revisión al área administrativa del penal para esclarecer si hay personal involucrado en esta práctica. También se prevé una auditoría de los registros bancarios señalados.
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