Ciudad Juárez.— Marcelino T. Z., ciudadano estadounidense acusado de provocar el choque que le quitó la vida a Joel Hernández Pérez, fue enviado a prisión preventiva justificada, luego de que una jueza de Control determinó que existe riesgo de fuga y que el imputado conducía en segundo grado de ebriedad al momento del accidente.
El percance ocurrió la mañana del 19 de noviembre sobre la avenida Universidad Tecnológica, frente a la UTCJ, cuando Joel Hernández acababa de dejar a su hijastra, estudiante de Logística Internacional, en el plantel educativo.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía y el reporte de Seguridad Vial:
Joel Hernández conducía un Honda Civic gris.
Al incorporarse a la avenida, fue impactado en el lado del conductor por un Honda Civic blanco, con placas de Chihuahua B07-SKH-7.
El conductor del vehículo blanco, identificado como Marcelino T. Z., presuntamente se pasó el semáforo en rojo y circulaba a exceso de velocidad.
Tras el impacto, Joel murió de manera instantánea debido a la fuerza del golpe.
Marcelino habría intentado huir para evitar su responsabilidad, pero oficiales de Vialidad lograron detenerlo en el lugar.
Paramédicos atendieron también a la adolescente de 17 años que viajaba con Joel, quien resultó lesionada.
Durante la audiencia celebrada el viernes, la jueza Angélica Lizbeth Álvarez Carreón declaró legal la detención del imputado, así como su retención previa dentro de las instalaciones de la Fiscalía.
La jueza cuestionó al acusado sobre si deseaba asistencia del consulado estadounidense, lo cual él rechazó.
El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que:
El imputado es ciudadano estadounidense, lo que facilita su fuga del país.
Conducía en segundo grado de ebriedad, representando un riesgo para la sociedad.
Se retiró del sitio del accidente sin brindar auxilio.
La jueza determinó que liberar al acusado representaba un riesgo y ordenó su ingreso al Centro de Reinserción Social mientras continúa el proceso.
El imputado solicitó el plazo constitucional de 144 horas para reunir pruebas de su defensa.
La audiencia de vinculación o no a proceso fue programada para el 26 de noviembre, donde se definirá su situación legal.
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