Imputado por inhumación y respeto a los cadáveres; familias exigen saber si las cenizas que recibieron son auténticas
Ciudad Juárez, Chih.– El escándalo del crematorio “Plenitud” continúa generando indignación tras confirmarse que José Luis “N”, dueño del establecimiento, fue enviado a prisión preventiva, luego de que se le imputaran los delitos de inhumación ilegal, exhumación y violación al respeto de los cadáveres o restos humanos, esto tras el hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar en las instalaciones del crematorio.
La decisión fue tomada por un juez local, y se fijó como fecha para la audiencia de vinculación a proceso penal el próximo 4 de julio.
El caso salió a la luz el pasado 26 de junio, cuando autoridades recibieron un reporte anónimo sobre olores fétidos provenientes de un predio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa. Al ingresar al sitio, las autoridades localizaron cuerpos embalsamados apilados en dos habitaciones, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición.
Según datos del director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera, los 383 cuerpos se distribuyen de la siguiente manera:
218 hombres
149 mujeres
16 sin definir sexo
4 menores de edad (2 neonatos, 1 niño y 1 niña; esta última ya identificada por nombre)
Además del empresario, fue detenido Facundo “N”, de 64 años, empleado encargado de la vigilancia del lugar, quien también enfrentará cargos.
El crematorio “Plenitud” prestaba servicios de incineración a por lo menos cinco funerarias locales, las cuales subcontrataban el servicio. Estas son:
Luz Divina
Protecto-Deco
Del Carmen
Latinoamericana
Amor Eterno
Las autoridades investigan si estas empresas tenían conocimiento de las omisiones y prácticas irregulares del crematorio.
En paralelo, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui, sostuvo reuniones con familiares de personas cremadas, quienes exigieron saber si las cenizas que recibieron realmente corresponden a sus seres queridos. La Fiscalía se comprometió a realizar pruebas científicas de identificación y brindar apoyo psicológico y jurídico a las víctimas indirectas del caso.
“La prioridad ahora es identificar los cuerpos y garantizar reparación del daño a las familias afectadas”, aseguró el fiscal.
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