El caso de Angeline Janeth destapó una red de violencia, drogas y abandono infantil en Chihuahua
Ciudad de Chihuahua.– Lo que comenzó como una intensa búsqueda por la desaparición de una menor de 10 años terminó por exponer una realidad más oscura: un entorno familiar marcado por violencia y adicciones, que incluso habría estado ligado a estructuras criminales como ‘La Empresa’.
El operativo más reciente realizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en Rancho Anapra, dejó como resultado la detención de 20 presuntos integrantes de dicha organización delictiva, considerada responsable de delitos como narcomenudeo, secuestro y extorsión.
La desaparición de Angeline Janeth, de apenas 10 años, activó un despliegue de búsqueda durante más de 10 horas, en las que se movilizaron fuerzas de seguridad, el DIF, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y vecinos de la colonia UP.
Finalmente, la menor fue localizada escondida bajo un automóvil, en un intento desesperado por evitar regresar a su casa. Según testimonios recabados por agentes del Ministerio Público, la niña temía por su integridad física.
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) y el área de Trabajo Social del DIF confirmaron un entorno hostil: violencia física, emocional y consumo constante de drogas por parte de los padres y otros familiares.
El caso ameritó el resguardo inmediato de la menor, quien ahora permanece bajo protección estatal mientras se determina su situación jurídica y familiar. Las autoridades señalaron que no será devuelta con sus padres.
Durante el seguimiento del caso, elementos de la SSPE y la AEI ejecutaron un operativo de intervención en la zona de Rancho Anapra, donde detuvieron a 20 personas relacionadas con ‘La Empresa’, organización criminal con operaciones en Chihuahua y Ciudad Juárez.
Entre los detenidos, se presume que al menos tres personas están relacionadas directamente con el entorno de la menor, lo que sugiere vínculos indirectos entre la violencia familiar y redes del crimen organizado.
Este caso expone con crudeza la fragilidad institucional para detectar y prevenir casos de violencia familiar y consumo de sustancias, sobre todo cuando afectan directamente a menores de edad.
Organizaciones civiles han exigido una mayor inversión en programas de prevención, acompañamiento psicosocial y seguimiento de denuncias, para evitar que la infancia chihuahuense pague el precio de la omisión gubernamental.
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