Crematorio del horror: FGE investiga si entre los 383 cuerpos hallados hay policías estatales desaparecidos
Ciudad Juárez, Chihuahua.— La tragedia del crematorio de la colonia Granjas Polo Gamboa continúa revelando nuevas y alarmantes dimensiones. Mientras personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) siguen trabajando en la recuperación de los 383 cuerpos abandonados, ahora se investiga si entre ellos podrían encontrarse agentes estatales asesinados semanas atrás, e incluso víctimas de desaparición forzada.
Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, el fiscal general César Jáuregui Moreno reconoció que no se descarta esta posibilidad y que ya se trabaja en la clasificación minuciosa de los cuerpos, muchos de los cuales presentan tratamiento funerario que dificulta su identificación, al haber sido parcialmente preparados por embalsamadores.
De manera extraoficial, trascendió que algunos de los cuerpos aún portaban uniformes, lo que incrementa las sospechas sobre la posible presencia de elementos de seguridad entre los cadáveres. También se reporta el hallazgo de restos de niños, adultos mayores, mujeres y hasta animales, como perros, lo que ha profundizado la indignación entre la población.
“Este caso nos obliga a abrir todas las líneas de investigación. Nadie puede quedar fuera de la verdad. Hay cuerpos que parecen ser de policías. Si se confirma, se abre una dimensión más grave”, dijo un funcionario de la Fiscalía que pidió anonimato.
La Fiscalía informó que ya se ejecutaron dos órdenes de aprehensión contra José Luis A. C., dueño del crematorio, y Facundo M. R., uno de los empleados. Ambos fueron trasladados a instalaciones de la FGE y serán imputados por:
Inhumación indebida de cadáveres
Violaciones a la Ley General de Salud
Delitos contra el respeto a los cuerpos humanos
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 16 años de prisión, informó el fiscal.
De acuerdo con la investigación, al menos seis funerarias locales contrataron los servicios de este crematorio:
Luz Divina
Capillas Protecto Deco
Del Carmen
Ramírez
Latinoamericana
Amor Eterno
La FGE señaló que en todos los casos investigados hasta el momento, las funerarias entregaron los cuerpos al crematorio para su incineración, pero esta nunca se realizó. A pesar de ello, se entregaron urnas con cenizas que podrían no pertenecer a los difuntos, e incluso, podrían ser cenizas de materiales sin relación alguna con los cuerpos.
En medio de temperaturas superiores a los 35 grados centígrados, equipos del Semefo están trasladando los cadáveres a tráilers refrigerados, donde permanecerán mientras se realiza el proceso de clasificación, toma de muestras genéticas y posterior identificación.
La prioridad, según el fiscal, es que cada cuerpo reciba un trato digno y que las familias afectadas obtengan respuestas claras. Además, se habilitarán módulos de atención para recibir denuncias, realizar pruebas de ADN y brindar acompañamiento psicológico y legal.
Aunque el fiscal César Jáuregui declaró que difícilmente se encontrarán personas desaparecidas entre los cuerpos, también afirmó que la investigación no dejará fuera ninguna posibilidad, y que se cruzará información con la base estatal y nacional de desaparecidos.
“Todos los cuerpos serán analizados con rigurosidad. No permitiremos que queden dudas sobre su origen”, aseguró.
Uno de los aspectos más dolorosos del caso es la posibilidad de que las familias hayan recibido urnas con cenizas falsas o de origen desconocido. Este punto ya es objeto de análisis forense, ya que existen evidencias de más de 300 entregas hechas con documentación, pero sin cremaciones que las respalden.
“Creímos que habíamos despedido a nuestros seres queridos, y ahora no sabemos ni quién está en esa urna”, dijo una mujer que acudió a buscar respuestas.
Este caso ha trascendido las fronteras estatales y ha generado una crisis de confianza sin precedentes en el sistema funerario. Organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes religiosos y expertos en bioética han exigido una investigación transparente y castigos ejemplares.
El gobernador en funciones y la gobernadora saliente, Maru Campos, han expresado su respaldo a la Fiscalía y a las familias afectadas. Campos ya había declarado anteriormente que no había indicios de crimen organizado, aunque reconoció que se trata de una brutal negligencia que raya en lo criminal.
Si se comprueba la presencia de cuerpos de policías, desaparecidos o personas sin registro oficial en funerarias, el caso podría convertirse en uno de los más grandes escándalos funerarios y forenses del país, abriendo incluso la puerta a investigaciones federales o internacionales.
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