Periciales concluye conteo: 218 hombres, 149 mujeres y 16 sin identificar
CIUDAD JUÁREZ.– La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses concluyó este lunes el procesamiento del inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, donde fueron hallados 383 cuerpos apilados al interior del crematorio “Plenitud”, mismo que contaba con permisos vigentes.
De acuerdo con el titular de la dependencia, Javier Sánchez Herrera, tras cuatro días de labores ininterrumpidas se logró determinar que del total de cuerpos:
218 eran hombres
149 eran mujeres
16 aún se encuentran en calidad de indeterminados
Todos los cuerpos presentaban un proceso previo de embalsamamiento, pero nunca fueron incinerados, como se había contratado y documentado por diversas funerarias de la ciudad.
En reacción al escándalo, Luis Carlos Tarín, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), informó que se llevará a cabo una revisión exhaustiva a los 15 crematorios que operan en Chihuahua.
“Son establecimientos que se revisan regularmente, pero ahora reforzaremos la vigilancia para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Salud y sus reglamentos sobre la disposición de cadáveres”, dijo Tarín.
Las inspecciones también incluirán funerarias, especialmente aquellas que subcontrataban servicios de cremación con el sitio intervenido.
El escándalo se destapó luego de una denuncia anónima al 911, en la que se reportaban olores fétidos provenientes del interior de una carroza funeraria estacionada dentro de una finca de la colonia Granjas Polo Gamboa.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar y descubrieron dos cuerpos al interior del vehículo. Al inspeccionar la propiedad, encontraron centenas de cadáveres amontonados en habitaciones sin refrigeración.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que mantiene una investigación abierta a través de la Fiscalía Zona Norte, la cual ya identificó a los principales responsables: el propietario José Luis Arellano Cuarón y el trabajador Facundo Martínez Robledo, quienes fueron detenidos por inhumación indebida y delitos sanitarios.
La investigación se centra ahora en determinar:
Si las funerarias estaban al tanto del incumplimiento del servicio.
El origen exacto de cada cuerpo, contrastando los datos con las actas de defunción y entregas del Semefo.
Si hubo omisión o negligencia institucional, especialmente en el seguimiento a los permisos otorgados al crematorio.
El caso ha generado profunda indignación social, al poner en evidencia una falla sistemática en la supervisión del sistema funerario, así como un posible fraude masivo contra decenas de familias que confiaron en funerarias para dar un cierre digno a sus seres queridos.
“Lo ocurrido es una tragedia que no podemos permitir se repita. Cada cuerpo representa una historia, una familia, una dignidad que fue vulnerada”, expresó Javier Sánchez Herrera.
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