CIUDAD JUÁREZ.– La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una queja de oficio por el macabro hallazgo de 383 cuerpos ocultos en el crematorio Plenitud, localizado el pasado 26 de junio, tras una llamada anónima al 911. La primera línea de investigación apunta a posibles omisiones sanitarias y administrativas que derivaron en una violación directa a los derechos humanos de los familiares de las víctimas.
La primera visitadora de la CEDH en Juárez, Zulay Abbud Esparza, explicó que la queja se inició sin necesidad de denuncia directa, debido a la magnitud de la afectación.
“Es nuestra obligación investigar los hechos por tratarse de vulneraciones a viva voz de los derechos humanos de todas las personas, de todos los deudos”, declaró.
Por ahora, la Comisión ha solicitado un informe a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), dirigida por Carlos Tarín, ya que esta instancia es la responsable de vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias en los servicios funerarios.
Además de Coespris, la Fiscalía General del Estado (FGE) también deberá rendir cuentas sobre los certificados, autorizaciones y procedimientos utilizados para embalsamar y cremar cuerpos, ya que cinco funerarias de Ciudad Juárez habrían pagado por el servicio de cremación que nunca se realizó, quedando los cuerpos hacinados por meses o incluso años.
De acuerdo con la FGE, la última revisión sanitaria oficial al crematorio fue en marzo de 2022, lo que evidenciaría un lapso de más de dos años sin supervisión, situación que pudo facilitar el cúmulo de irregularidades que ahora están bajo investigación.
La CEDH, como órgano autónomo de protección de derechos humanos, también anunció que ofrecerá asesorías legales gratuitas y acompañamiento a los familiares de las personas encontradas entre los cadáveres, para que puedan proceder por la vía penal o administrativa.
Las personas interesadas pueden acudir directamente a sus oficinas ubicadas en avenida de los Insurgentes 4327, en horario de oficina, para recibir orientación y apoyo.
El 26 de junio, policías municipales localizaron cientos de cuerpos embalsamados y sin cremar en el crematorio Plenitud.
Se contabilizaron 383 cadáveres; algunos llevaban meses en condiciones de almacenamiento inadecuadas.
Las familias pagaron por un servicio que nunca se concretó, lo que también configura posibles delitos de fraude y omisión de deberes sanitarios.
El caso ha provocado conmoción nacional y críticas a las autoridades por falta de supervisión.
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