Familias afectadas pueden sumarse a la demanda civil contra el crematorio Plenitud, funerarias implicadas y dependencias del Gobierno estatal por omisión y agravio
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. Tras el macabro hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, la diputada local María Antonieta Pérez Reyes hizo un llamado urgente a las familias afectadas para que interpongan demandas civiles por daño moral, exigiendo compensación económica a los responsables por el fraude, la negligencia y la revictimización.
Según la legisladora, al menos 10 familias ya se han inscrito para emprender acciones legales, pero la invitación está abierta a todas las personas que hayan recibido urnas con cenizas falsas, una situación que ha profundizado el dolor de cientos de juarenses.
“Les están reabriendo una herida. Pensaban que sus seres queridos descansaban en paz y ahora no saben ni dónde están sus cuerpos”, denunció.
Pérez Reyes explicó que el objetivo legal será el Gobierno del Estado de Chihuahua, por sus omisiones y fallas en vigilancia sanitaria, así como la funeraria que cobró por los servicios y los responsables directos del crematorio.
Las dependencias señaladas por su presunta negligencia incluyen:
COESPRIS (Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios)
Secretaría de Salud de Chihuahua
Fiscalía General del Estado, por no identificar adecuadamente los restos
“Es una burla absoluta lo que han hecho. Y lo más grave es que los funcionarios involucrados siguen en sus cargos como si nada hubiera pasado”, criticó.
La diputada ofreció representación legal sin costo y exhortó a quienes deseen sumarse a:
Reunir documentación del servicio funerario, como contratos, facturas y recibos
Reclamar formalmente el cuerpo ante la Fiscalía General del Estado
Esperar la identificación oficial de los restos humanos
Contactarse al número (656) 809 0890 para orientación directa
La intención es armar expedientes sólidos para que los jueces valoren el nivel del daño moral y propongan una compensación económica justa para cada familia.
Pérez Reyes recordó que este caso no es un hecho aislado. Lo comparó con la masacre en el Cereso Estatal No. 3, donde 10 custodios fueron asesinados y ninguna familia ha recibido indemnización. Señaló que hay un patrón de impunidad y protección a funcionarios omisos.
“No se puede permitir que estos crímenes administrativos y humanos queden sin castigo ni reparación”, sentenció.
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