CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA — La muerte del abogado Óscar Gael Cano Rodríguez ha detonado un escándalo en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, luego de que fuera asesinado tras asumir la defensa de seis presuntos criminales involucrados en un ataque armado contra elementos del equipo SWAT de la Policía Estatal.
Durante la audiencia de formulación de imputación contra Jorge Luis M. F., Martín C. M., José Luis A. L., Jesús Arturo L. M., Óscar Eduardo P. R. y Joel Jesús M. R., la agente del Ministerio Público sugirió que el homicidio podría haber sido perpetrado por los mismos acusados, ya que el abogado Cano los había visitado para ejercer su defensa legal momentos antes del crimen.
Sin embargo, la hipótesis fue puesta en duda tanto por los nuevos defensores de los acusados como por el propio juez, quien cuestionó la falta de pruebas directas y expresó su extrañeza por el argumento del MP.
Por otra parte, fuentes cercanas al abogado y personas allegadas al caso señalaron que la ejecución de Cano Rodríguez pudo haberse perpetrado con la complicidad o participación directa de agentes de la Policía Estatal, quienes presuntamente buscaban venganza por el ataque previo a elementos SWAT.
El homicidio ocurrió a plena luz del día, frente a la Fiscalía, y fue presenciado por la esposa del abogado, quien intentó seguir al agresor sin éxito. Lo alarmante es que, a pesar de la presencia de fuerzas de seguridad en el edificio, el asesino se retiró a pie “tranquilamente”, sin ser detenido.
Óscar Cano no era un abogado improvisado. Era la tercera vez que representaba legalmente a José Luis A. L., supuesto líder de una célula criminal, y en ocasiones anteriores ya había conseguido su liberación. Este vínculo ha generado sospechas sobre un posible móvil de represalia institucional por parte de autoridades.
El caso ha encendido las alarmas sobre el actuar de las autoridades en Ciudad Juárez y ha generado temor entre litigantes y defensores de derechos humanos. Existen serias dudas sobre la imparcialidad en la investigación, y crece la presión pública para esclarecer si el crimen fue un ajuste de cuentas interno.
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