EE.UU. aprueba “Gran y Hermosa Ley”: U$170 mil millones para deportaciones, muro fronterizo y seguridad nacional
Washington, D.C.— En una medida sin precedentes, el Congreso de los Estados Unidos aprobó este 3 de julio la llamada “Gran y Hermosa Ley” (One Big Beautiful Bill), una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump que autoriza un paquete presupuestario de 170 mil millones de dólares destinado principalmente a deportaciones masivas, reforzamiento de la frontera y la conclusión del muro fronterizo.
El proyecto forma parte del nuevo paquete fiscal aprobado por la mayoría republicana, y fue presentado como una victoria para la seguridad nacional por parte del gobierno federal. La iniciativa ha sido ampliamente celebrada por sectores conservadores, pero calificada como “deportaciones en esteroides” por la oposición demócrata.
¿Qué incluye la “Gran y Hermosa Ley”?
Según lo aprobado, los recursos están distribuidos en partidas específicas:
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U$165 mil millones para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
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U$46.5 mil millones para finalizar el muro fronterizo
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U$10 mil millones para programas de seguridad fronteriza
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U$5 mil millones para mejoras en instalaciones de la CBP (Aduanas y Protección Fronteriza)
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que esta legislación representa un “mandato claro del presidente Trump” para intensificar arrestos, redadas y deportaciones, principalmente dirigidas a inmigrantes con antecedentes penales.
“Estos fondos ayudarán al DHS a arrestar y deportar a inmigrantes ilegales delincuentes y VOLVER A SER UN PAÍS SEGURO. Gracias Presidente Trump”, escribió Noem en un comunicado difundido tras la aprobación.
Trump busca deportar un millón de indocumentados al año
La ley viene acompañada de un compromiso directo del presidente Trump de incrementar las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Ha prometido que su administración buscará deportar a un millón de personas por año, aunque hasta ahora las cifras no han alcanzado ese objetivo.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) será el principal responsable de ejecutar esta política, con apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que también verá reforzada su infraestructura operativa.
Redadas y protestas: el impacto inmediato
Las redadas migratorias por parte de ICE ya han generado tensiones y protestas en varias ciudades del país, muchas de ellas calificadas por organizaciones civiles como violentas, arbitrarias o discriminatorias.
Grupos pro-migrantes han denunciado violaciones a derechos humanos, separaciones familiares y condiciones inadecuadas en centros de detención, especialmente aquellos donde se encuentran niños, mujeres embarazadas y personas solicitando asilo.
“Esta ley es un paso atrás en materia de humanidad y derechos. Es persecución disfrazada de seguridad”, señalaron desde el Comité Nacional de Inmigración.
Cruces fronterizos en su nivel más bajo
Paradójicamente, el número de cruces ilegales en la frontera sur se encuentra en mínimos históricos. Según datos oficiales, junio cerró con apenas 6,070 personas detenidas, una cifra no vista desde que existen registros modernos.
Esto ha generado críticas incluso entre algunos analistas conservadores, quienes argumentan que un gasto tan alto no se justifica cuando las cifras migratorias están en declive.
Oposición demócrata y alerta de organismos internacionales
Líderes del Partido Demócrata se manifestaron en contra del proyecto, calificándolo como un plan de “persecución sistemática contra comunidades migrantes” y alertando sobre sus implicaciones legales y sociales.
La ACLU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han condenado la medida, argumentando que podría aumentar la criminalización de migrantes y facilitar abusos de poder por parte de las agencias migratorias.
¿Qué sigue? Vigilancia internacional y desafíos legales
La implementación de esta ley no solo estará bajo el escrutinio de la prensa, sino también de organismos internacionales de derechos humanos, que ya han anunciado que documentarán cada operativo, deportación y acto de represión derivado de esta normativa.
Además, activistas en California, Nueva York y Texas planean interponer recursos legales para frenar parte de las acciones autorizadas por la ley, especialmente en lo que refiere a detenciones sin orden judicial y deportaciones expeditas.