Estados Unidos denunció este lunes en su informe anual de derechos humanos que México dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos.
Así se desprende del informe del Departamento de Estado estadounidense que, en esta edición, sitúa entre los principales problemas de México en materia humanitaria a los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y la violencia contra el colectivo LGTBIQ+, entre otros aspectos.
La publicación concluye que no ha habido “cambios significativos” en la situación de derechos humanos en México y específica que, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando en connivencia con las autoridades locales.
De hecho, organizaciones internacionales y medios de comunicación informaron de casos de persecución a migrantes y solicitantes de asilo por parte de grupos delictivos y en algunos casos también por parte de la policía, funcionarios de inmigración y agentes de aduanas.
Por otro lado, el informe destaca que la libertad de expresión padece “serias restricciones” en el país porque durante el año continuó “el descrédito oficial” a los periodistas, ya que diferentes políticos, entre los que se incluye al mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los desacreditaron y criticaron públicamente por “parciales, partidistas y corruptos”.
Las acusaciones de abusos sexuales cometidos por las autoridades durante detenciones y encarcelamientos es otro de los temas expuestos en el texto, en el que se resalta el hecho de que el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres cuente con nuevas directrices desde marzo de 2023.
Una de las alabanzas que recoge el informe en este ámbito es la detención por parte de las autoridades del exdirector de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, tras su captura en Cancún ordenada por el entonces gobernador poblano Mario Marín en coordinación con el empresario Kamel Nacif, a quien la periodista relacionó con la red de trata sexual de menores encabezada por Succar Kuri.
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Aunque el reporte puntualiza que, en general, el Gobierno tomó medidas para “identificar y castigar” a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos, también recoge las denuncias de algunas ONG que trabajan en el terreno y que aseguran descréditos a su trabajo por parte de autoridades mexicanas.
