República Dominicana.- Lo que inició como una interacción rutinaria en redes sociales culminó en un proceso penal contra la creadora de contenido Dileisy Yokasta García. La mujer fue capturada por las autoridades dominicanas luego de que miles de espectadores presenciaran, en tiempo real, cómo ejercía violencia física y verbal en contra de su hijo menor de edad durante una transmisión en la plataforma TikTok.
El incidente, que ya circula de forma viral como evidencia delictiva, muestra a García perdiendo el control ante el llanto del infante. En el metraje se escucha a la influencer lanzar amenazas directas: “¿Tú quieres golpes? Ven, dime si tú quieres golpes”, cuestionando con hostilidad el comportamiento del pequeño mientras continuaba frente a la cámara.
Aunque el menor no aparecía en el encuadre en ese momento, la audiencia fue testigo auditivo de la agresión. Tras propinarle un manotazo y arrebatarle un objeto, García salió del ángulo de visión, escuchándose posteriormente impactos físicos y un aumento en la intensidad del llanto del bebé. Al regresar al encuadre, la mujer reafirmó su postura sentenciando: “Si lo que quiere es golpes, golpes le voy a dar”.
La rápida reacción de la comunidad digital permitió que el video llegara a manos de las autoridades locales. Tras una denuncia formal, agentes policiales procedieron con el arresto de la mujer. El Ministerio Público evalúa actualmente cargos por agresión física, verbal y el agravante de negligencia infantil, señalando que la detenida priorizó su presencia en redes sociales sobre el bienestar emocional y físico de su hijo.
En este país, el maltrato infantil es un delito grave regido por la Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes). Según el artículo 396, las penas por abuso físico y psicológico pueden oscilar entre los 2 y 5 años de prisión.
Debido a que la agresión fue cometida por la madre, quien tiene el deber legal de cuidado, las sanciones podrían ser más severas e incluir multas de hasta 10 salarios mínimos, además de la posible pérdida de la custodia del menor. El caso ha reabierto el debate internacional sobre la salud mental de los creadores de contenido y los límites de la exposición de menores en entornos digitales.
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