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Inés Gómez Mont y su esposo recuperan acceso a sus cuentas bancarias tras ganar amparo

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La UIF los eliminó de la Lista de Personas Bloqueadas, aunque las investigaciones en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada continúan

Ciudad de México.– Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, han logrado recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara su eliminación de la Lista de Personas Bloqueadas, tras un amparo otorgado por el Poder Judicial.

Acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada

La pareja es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2019, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un esquema que habría desviado casi 3,000 millones de pesos mediante contratos fraudulentos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Dichos contratos, vinculados a la Secretaría de Gobernación, se habrían sustentado en facturas falsas para simular servicios inexistentes, según los informes oficiales.

Ficha roja y desaparición del ojo público

En septiembre de 2021, un juez giró órdenes de aprehensión contra Gómez Mont y Álvarez Puga, lo que llevó a emitir una ficha roja de Interpol para su búsqueda en más de 190 países. Desde entonces, ambos han permanecido fuera del país y alejados de la atención mediática.

UIF cumple con amparo; causa controversia

La decisión de desbloquear sus cuentas bancarias responde a un amparo ganado por la pareja, obligando a la UIF a retirarlos de la lista que les impedía realizar movimientos financieros.

Este movimiento ha generado críticas dentro del sistema judicial, especialmente del titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, quien ha manifestado su preocupación por las implicaciones legales y políticas del fallo.

¿Una victoria definitiva?

Aunque esta resolución representa una victoria legal parcial, las investigaciones en su contra continúan abiertas, y su situación jurídica aún no está resuelta. El caso pone en evidencia los retos que enfrenta el sistema judicial mexicano en materia de corrupción y combate al lavado de dinero.

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