MORELOS.– La tragedia vuelve a sacudir a Morelos: tras cuatro semanas de trabajos en el panteón de Pedro Amaro, familiares de desaparecidos confirmaron el hallazgo de más de 60 cuerpos enterrados de manera irregular, entre ellos al menos 10 bebés y varias mujeres, lo que revive el horror de los entierros clandestinos ejecutados por la Fiscalía estatal en años anteriores.
Esta es la cuarta intervención forense en el cementerio municipal desde 2017, cuando por primera vez se evidenciaron prácticas ilegales de inhumación por parte de autoridades ministeriales. Colectivos de búsqueda denunciaron que los cuerpos fueron sepultados sin identificación, sin cadena de custodia y sin informar a los familiares, en violación de normas básicas de derechos humanos.
“Están saliendo cosas que no imaginábamos. Nunca habíamos vivido algo tan fuerte”, expresó Romana García, madre buscadora que participa en las excavaciones.
Junto con otras familias, encontraron restos óseos en avanzado estado de descomposición, muchos de ellos fragmentados. Amalia Alejandra Hernández, otra madre, denunció que no hay especialistas presentes como antropólogos o arqueólogos, lo que pone en duda el proceso.
Más de 60 cuerpos hallados, según los primeros conteos.
Al menos 10 eran bebés, además de mujeres y restos aún no clasificados.
Es la cuarta vez que se interviene este cementerio desde 2017.
Las exhumaciones comenzaron en mayo de 2025, pero se interrumpieron por daños causados por el huracán Erick.
La historia de Jojutla y Tetelcingo está marcada por la negligencia forense. En 2015 y 2017, salieron a la luz otras fosas comunes donde se enterraron decenas de cuerpos sin identificación plena ni necropsias, lo que convirtió a Morelos en uno de los casos más documentados de violación a derechos humanos en México.
“Lo que antes parecía un caso aislado, hoy se revela como una práctica sistemática”, señalaron representantes de colectivos.
La Comisión Estatal de Víctimas analiza ya una quinta etapa de exhumación, mientras los colectivos piden mayor rigor técnico y transparencia. También exigen la presencia del fiscal Edgar Maldonado, para que observe directamente las condiciones en las que trabajan las familias.
Cada cuerpo recuperado representa una vida perdida, una familia rota y una deuda pendiente del Estado mexicano con sus ciudadanos.
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