La UIF ordenó congelar cuentas relacionadas con el gobernador de Sinaloa y exfuncionarios ligados a su administración
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de familiares y exfuncionarios de su administración, en medio de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos señalados por autoridades estadounidenses.
De acuerdo con información derivada de declaraciones patrimoniales y reportes periodísticos, el acuerdo 156/2026 emitido el pasado 6 de mayo instruyó a diversas instituciones financieras congelar recursos y movimientos relacionados con los involucrados.
Las cuentas y bancos involucrados
Según la declaración patrimonial más reciente del mandatario, Rocha Moya mantenía cuentas en distintas instituciones financieras, entre ellas:
- Banamex
- Banorte
- Scotiabank
- Santander
Además, se reportó un crédito hipotecario activo ante FOVISSSTE.
Las investigaciones también alcanzan a familiares directos del gobernador, incluyendo a sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz.
Exfuncionarios también fueron incluidos
Entre las personas señaladas en las investigaciones aparece el senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, así como Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
Según los reportes, Díaz Vega contaba con diversas cuentas e inversiones en instituciones nacionales y extranjeras.
¿Por qué fueron bloqueadas las cuentas?
La UIF explicó que estas medidas forman parte de auditorías e investigaciones financieras derivadas de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre posibles vínculos con integrantes de “Los Chapitos” entre 2021 y 2024.
Las autoridades mexicanas aclararon que el bloqueo busca garantizar acceso a información financiera y evitar movimientos de recursos mientras continúan las indagatorias fiscales y de posibles delitos financieros.
¿Qué implica el bloqueo?
Con el congelamiento, los involucrados no pueden utilizar los recursos almacenados en las cuentas bancarias señaladas hasta que se determine su situación legal.
La investigación continúa en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras áreas federales encargadas de delitos fiscales y financieros.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si existen órdenes de aprehensión o procesos penales directos contra los involucrados.
