CIUDAD DE MÉXICO – En un giro contundente en la estrategia de seguridad nacional, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo anunció la compra de casi 300 mil armas de guerra, incluyendo granadas, cartuchos de alto calibre y explosivos, con el objetivo de reforzar al Ejército y la Fuerza Aérea ante el creciente poder de fuego de los cárteles del crimen organizado.
La licitación pública con folio LA-07-110-007000999-T-438-2025, publicada en el portal Compras MX, representa una de las adquisiciones militares más ambiciosas del sexenio, y forma parte de un plan integral para fortalecer la capacidad táctica y logística de las fuerzas armadas.
Según lo especificado en el documento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contempla la adquisición de:
140 mil cartuchos calibre 7.62×51 mm, compatibles con rifles de asalto y ametralladoras NATO.
73 mil granadas de mano, de uso antipersonal.
900 explosivos preparados, cuya naturaleza no fue detallada por motivos de seguridad.
15 mil metros de cordón detonante, material clave para operaciones tácticas.
Todos los productos deberán ser nuevos (no remanufacturados), contar con una vida útil mínima de 10 años, y una garantía de calidad por escrito. El proceso estará financiado mediante el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.
La licitación exige total discreción a los proveedores y operativos participantes, pues se trata de equipo considerado estratégico ante el avance de cárteles altamente armados que operan con tácticas paramilitares, vehículos blindados improvisados, drones con explosivos y armas automáticas de uso militar.
Analistas como Eduardo Bueno y organismos como Insight Crime han advertido que los cárteles mexicanos ya no dependen del tráfico de armas antiguas, sino que han accedido a tecnología bélica moderna a través de rutas internacionales, incluyendo Asia, Europa del Este y Sudamérica.
Aunque la presidenta Sheinbaum se ha mostrado crítica de las estrategias belicistas en gobiernos estatales y ha promovido un enfoque basado en justicia social, esta licitación evidencia un ajuste pragmático en su política de seguridad.
Este movimiento reconoce, en la práctica, que la escalada del crimen organizado requiere una respuesta militar reforzada, aún cuando el discurso público de la mandataria siga girando en torno a la pacificación y reconstrucción del tejido social.
La adquisición pone de manifiesto que México está apostando por una mayor tecnificación y profesionalización de su Ejército, no solo como fuerza disuasiva, sino como brazo activo en la contención del crimen organizado.
Este equipamiento masivo podría cambiar la balanza en regiones donde el dominio de grupos criminales ha sido evidente, como Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, aunque expertos advierten que sin estrategia integral y justicia funcional, las armas no bastarán para ganar la paz.
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