Ciudad Juárez, Chihuahua. — La polémica en torno al caso del Crematorio Plenitud volvió a encenderse luego de que familiares de las víctimas emitieran un contundente comunicado en el que rechazan el amparo otorgado al propietario, lo que permitiría su liberación este mismo día.
El beneficio legal fue concedido por el juez Séptimo de Distrito en Ciudad Juárez, Luis Eduardo Rivas Martínez, quien determinó que el caso no configura un delito grave, sino presuntas “irregularidades administrativas”.
La decisión provocó indignación entre las familias afectadas, quienes consideran que el hallazgo de 386 cuerpos inhumados en condiciones inhumanas, así como la entrega de cenizas falsas compuestas por basura y escombros, constituye una atrocidad penal y moral, no un simple error burocrático.
En el comunicado difundido públicamente, los familiares señalaron:
“Es una burla para la sociedad que el juez considere que el hallazgo de 386 cadáveres abandonados y la entrega de cenizas falsas no constituyen un delito grave. Tratar a nuestros seres queridos como desperdicios y lucrar con el duelo más profundo no es un error de trámites; es una atrocidad que desgarra el tejido social”.
De acuerdo con el documento, mientras el propietario del crematorio recupera su libertad, miles de familias continúan en incertidumbre y dolor, muchas de ellas con urnas que no contienen los restos reales de sus seres queridos.
Ante la resolución judicial, los afectados dirigieron un llamado directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitando la intervención inmediata del Gobierno Federal.
Entre sus exigencias destacan:
Intervención directa del Gobierno Federal para revisar la actuación del juez federal.
Que la Fiscalía General de la República atraiga el caso ante lo que califican como incapacidad o falta de voluntad de autoridades locales.
Que el manejo indigno de restos humanos sea castigado con todo el peso de la ley, y no minimizado como falta administrativa.
“Señora presidenta, la justicia que se demora o se pierde en tecnicismos de amparo no es justicia. Es complicidad”, expresaron en el posicionamiento público.
El escándalo del Crematorio Plenitud se convirtió en uno de los casos más sensibles para la comunidad juarense, al tocar una de las fibras más delicadas: el respeto a la dignidad de los muertos y el duelo de sus familias.
La revelación de cientos de cuerpos acumulados y la presunta entrega de cenizas falsas generó no solo investigaciones penales, sino una crisis de confianza en el sistema de supervisión sanitaria y judicial.
Ahora, la decisión del Poder Judicial Federal vuelve a colocar el caso en el centro del debate nacional, abriendo cuestionamientos sobre la tipificación del delito, la actuación ministerial y los alcances del sistema de amparo.
Mientras el propietario enfrenta el proceso en libertad tras el amparo, las familias aseguran que continuarán movilizándose hasta obtener una acusación firme y una sentencia ejemplar.
La resolución definitiva dependerá de las investigaciones en curso y de si autoridades federales deciden atraer el caso.
La exigencia es clara: verdad, justicia y dignidad para las víctimas.
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