Ciudad Juárez.– Vestidos con uniforme oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y utilizando patrullas policiacas, dos exagentes municipales habrían participado en la privación ilegal de la libertad de migrantes que transitaban por Ciudad Juárez, según declaró una testigo protegida ante un juez.
El testimonio fue videograbado como prueba anticipada en mayo de 2023, debido a las amenazas de muerte que la mujer habría recibido por parte de los implicados. Esta grabación fue presentada en el juicio oral que se sigue contra Saulo D. G. y Juan Manuel R. I., ambos señalados como presuntos responsables de secuestro agravado.
De acuerdo con la declaración de la testigo —quien afirmó haber sido obligada a hacer llamadas para pedir rescates—, los exagentes simulaban ser elementos de la policía investigadora y entraban a casas con migrantes, a quienes luego secuestraban para exigir pagos a sus familiares. Otras veces interceptaban camiones de pasajeros para bajar a los migrantes.
La mujer aseguró haber sido retenida por tres semanas en una vivienda ubicada en la colonia Felipe Ángeles, así como en una barbería contigua a dicha casa, ambas supuestamente propiedad de un tercer policía implicado, identificado como Brian Fernando H. R., alias “Bravo” o “Júpiter”.
“Ches” (Juan): habría movido a los migrantes entre diversas casas de seguridad.
“Delta” o “Moreno” (Saulo): era quien interceptaba a las personas en camiones y las denominaba “cajas”, en referencia a los indocumentados.
“Bravo”: supuestamente forzaba a la testigo a realizar las llamadas de rescate y amenazó con asesinarla si no colaboraba.
La testigo denunció que aquellos migrantes cuyas familias no pagaban los rescates eran llevados a lugares sin agua ni comida, como forma de castigo o presión.
La defensa de los exagentes objetó la validez de la videograbación, al argumentar que la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas no justificó adecuadamente la ausencia de la testigo en el juicio. Sin embargo, el juez Arnulfo Arellanes Hernández validó la prueba, rechazando los recursos de revocación y queja presentados por los abogados.
La mujer indicó además que, tras ser liberada, no pudo salir de la ciudad por razones económicas, pero tuvo que mudarse constantemente por el acoso de patrullas municipales.
El proceso judicial continúa en los próximos días y será clave para determinar la responsabilidad penal de los exagentes en el caso del secuestro de dos personas migrantes, ocurrido el 9 de mayo de 2023, quienes fueron privadas de su libertad tras llegar a Ciudad Juárez con el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos.
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