El cantante aseguró que fue advertido previamente por autoridades municipales antes de su presentación
Chihuahua, México.– El cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez confirmó que pagó una multa de 850 mil pesos tras interpretar un narcocorrido durante un concierto realizado en la ciudad de Chihuahua, pese a que había sido advertido por autoridades municipales sobre las consecuencias de hacerlo.
La revelación fue hecha durante una entrevista difundida en el podcast del empresario musical Melo Montoya, donde el intérprete explicó que antes de subir al escenario recibió una advertencia clara para no cantar corridos relacionados con el narcotráfico, ya que de hacerlo sería sancionado económicamente.
De acuerdo con el propio Conriquez, su intención inicial fue cumplir con la indicación oficial y ofrecer un repertorio distinto, con canciones románticas y otros temas. Sin embargo, señaló que durante el desarrollo del concierto percibió la presión del público, que acudió principalmente a escucharlo interpretar los corridos que forman parte de su repertorio más popular.
El cantante explicó que decidió interpretar un solo narcocorrido como cierre del espectáculo para complacer a los asistentes, aun sabiendo que esto implicaría una sanción inmediata. Tras la interpretación, aseguró que tuvo que pagar la multa en el momento.
Conriquez detalló que la sanción aplicada fue de 850 mil pesos por cada corrido interpretado, una cifra que calificó como elevada y que ha generado preocupación entre artistas del género, quienes enfrentan regulaciones cada vez más estrictas en distintos estados del país.
Durante la conversación, el intérprete también cuestionó que la censura se centre únicamente en los narcocorridos, mientras que otros formatos como series televisivas que abordan temas del narcotráfico no reciben el mismo trato. Señaló que muchos corridos son narraciones, ya sea basadas en hechos reales o ficticios, y consideró que la responsabilidad no debe recaer únicamente en los músicos.
El caso refleja la tensión existente entre la demanda del público, la popularidad del género y las políticas locales que buscan frenar la apología del delito en espectáculos públicos, una situación que continúa generando debate en la industria musical del país.