Hermosillo, Sonora.– La violencia y la descomposición social han alcanzado niveles alarmantes en el estado de Sonora. El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, informó que en lo que va del año 37 niños de entre 10 y 12 años de edad han sido detenidos por su participación en actividades delictivas, muchos de ellos reclutados por grupos criminales.
Algunos menores incluso fueron traídos desde otros estados bajo engaños, según reveló el funcionario federal en conferencia de prensa.
“Los padres de familia tienen que cuidar a sus hijos, es lo más sagrado que tienen y no los cuidan, al rato se les pierden y andan con grupos criminales haciendo cosas que no corresponden”, declaró el delegado.
El delegado detalló que los menores fueron asegurados en operativos relacionados con delitos federales. En muchos de los casos, se trataba de niños utilizados como halcones, mensajeros o incluso como parte de grupos armados, bajo la promesa de dinero fácil o mejores condiciones de vida.
Estos niños, según Méndez, en ocasiones ya mostraban conductas normalizadas de violencia, lo que evidencia un reclutamiento temprano y sistemático por parte de organizaciones delictivas.
Los casos detectados en Sonora muestran un patrón preocupante: los cárteles están bajando la edad de reclutamiento para operar con mayor impunidad, aprovechándose de la pobreza, el abandono familiar y la falta de vigilancia parental.
Las autoridades señalaron que, aunque algunos menores son procesados en tribunales especializados, otros son canalizados a programas de asistencia, pero el daño psicológico y social ya está hecho.
El delegado insistió en que los padres deben estar más presentes y atentos a los comportamientos y círculos sociales de sus hijos.
“No puede ser que tengamos a niños de 10 años detenidos por delitos federales. Estamos fallando como sociedad”, afirmó.
Especialistas en prevención del delito recomiendan:
Supervisión constante de los hijos, tanto en casa como en redes sociales.
Diálogo abierto y confianza, para identificar señales de alerta.
Involucramiento de escuelas, autoridades y sociedad civil para reforzar entornos seguros.
Políticas públicas que atiendan las causas de fondo: pobreza, marginación y falta de oportunidades.
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