Texas, EE.UU.– En una decisión que marcará un cambio radical para más de 5 millones de estudiantes, el estado de Texas aprobó una prohibición generalizada del uso de teléfonos celulares y dispositivos personales en todas las escuelas públicas, desde kínder hasta el grado 12.
La medida fue respaldada de manera unánime en el Senado estatal con la aprobación de la ley HB 1481, y fue enviada el pasado 29 de mayo al gobernador Greg Abbott, quien se espera la firme en los próximos días, con entrada en vigor inmediata.
Una vez promulgada, los distritos escolares y escuelas chárter tendrán un plazo de 90 días para aplicar políticas que impidan el uso de:
Teléfonos celulares
Relojes inteligentes
Otros dispositivos de comunicación personal
Cada escuela podrá elegir la manera de hacerlo: exigir que los dispositivos se guarden en mochilas, casilleros o incluso fundas de bloqueo digital, como las usadas en instituciones de otros estados.
La ley incluye excepciones para estudiantes con necesidades médicas o adaptaciones educativas especiales, así como para aquellos que utilicen dispositivos escolares con fines académicos.
En cuanto a las sanciones por incumplimiento, las escuelas tendrán libertad para definirlas, pudiendo ir desde advertencias hasta confiscaciones temporales del equipo.
La promotora de la iniciativa es Caroline Fairly, legisladora republicana de 26 años de Amarillo, quien aseguró ante el Comité de Educación que:
“Mi generación es más ansiosa, más deprimida, menos enfocada y más distraída que nunca antes… Los celulares nos están desconectando de lo que importa.”
Fairly argumentó que la adicción a los dispositivos móviles ha dañado el desempeño académico, deteriorado la salud mental y complicado la disciplina en las aulas.
Con esta decisión, Texas se une a estados como Florida, Virginia, Indiana y California, que ya aplican medidas similares. Además, otros 26 estados analizan proyectos de ley para limitar el uso de dispositivos móviles en entornos escolares.
Algunos distritos texanos, como Katy ISD y Conroe ISD, ya habían aplicado restricciones de forma anticipada. La ley ahora obliga a uniformar estas políticas a nivel estatal, con criterios comunes en todas las escuelas públicas.
La ley ha sido bien recibida por padres de familia y docentes, aunque algunos educadores pidieron mayor flexibilidad. Rachel Preston, maestra que participó en las audiencias legislativas, comentó:
“Un lenguaje más abierto puede permitir que las escuelas diseñen sus políticas junto a su personal docente, fomentando aulas más comprometidas.”
Con esta medida, Texas se posiciona en el centro del debate nacional sobre el impacto de la tecnología en la educación, en un intento por priorizar la atención, el aprendizaje y la salud mental de los estudiantes.
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