Washington aceptó no solicitar la pena capital para 37 acusados; es el mayor traslado bajo la Ley de Seguridad Nacional
Ciudad de México.–
La transferencia de 37 ciudadanos mexicanos buscados por delitos graves a Estados Unidos marcó un hito en la cooperación bilateral en seguridad. Detrás de este movimiento —el más numeroso realizado hasta ahora— hubo una condición clave impuesta por México: no solicitar la pena de muerte contra los acusados.
El compromiso fue confirmado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que informó que los detenidos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y personas. La decisión busca garantizar la continuidad de futuras transferencias con base en la Ley de Seguridad Nacional mexicana.
Renuncia a la pena capital para asegurar la cooperación
La fiscal general Pam Bondi explicó que la renuncia a la pena de muerte fue necesaria para asegurar que el Gobierno de México continúe utilizando su marco legal en próximas entregas y para maximizar la cooperación con Washington.
Subrayó que esta determinación no minimiza la gravedad de los delitos ni el daño a las víctimas, y que se alinea con el tratado de extradición entre ambos países, el cual prohíbe imponer la pena capital a personas entregadas desde México.
“Estos 37 miembros de los cárteles ahora pagarán por sus crímenes en territorio estadounidense”, señaló la fiscal.
37 Mexican Nationals Wanted for Serious Crimes Transferred to the United States from Mexico, Including Leaders of Foreign Terrorist Organizations
“This is another landmark achievement in the Trump Administration’s mission to destroy the cartels. These 37 cartel members –… pic.twitter.com/3QrikbwM9I
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 21, 2026
¿Quiénes están entre los transferidos?
Entre los acusados hay presuntos integrantes de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.
Las autoridades estadounidenses precisaron que el proceso no reduce las penas posibles dentro de su sistema judicial, salvo la exclusión de la pena capital, y que los casos seguirán su curso en cortes federales.
Un precedente relevante
Esta operación es la tercera ocasión en que México recurre a su Ley de Seguridad Nacional para este tipo de traslados, pero la primera en concretar una transferencia de tal magnitud. El acuerdo sienta un precedente sobre cómo ambos países equilibran cooperación penal y principios jurídicos en casos de alto impacto.