Austin, Texas.– La ciudadanía por nacimiento, uno de los pilares del sistema migratorio estadounidense protegido desde 1868 por la Enmienda 14 de la Constitución, está bajo amenaza directa tras una decisión clave de la Corte Suprema de Estados Unidos que favorece parcialmente al expresidente y ahora candidato presidencial Donald Trump.
La Corte, con mayoría conservadora, permitió que entre en vigor —en un plazo de 30 días— una orden ejecutiva impulsada por Trump que podría negar la ciudadanía a bebés nacidos en EE.UU. si sus padres están en el país sin documentación legal. Aunque aún no es definitiva ni aplicable en todos los estados, Texas sería el primer territorio en aplicarla, de acuerdo con fuentes cercanas a su gobierno.
La resolución de la Corte limita las medidas cautelares nacionales con las que tribunales federales habían frenado esta política de Trump, permitiendo que comience a implementarse de forma localizada, es decir, estado por estado.
Esto obligaría a los padres a demostrar su estatus migratorio al momento del parto, algo sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Aunque la Corte dejó abierta la posibilidad de nuevos bloqueos a nivel nacional si se presenta una demanda colectiva, el reloj ya corre.
Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión mayoritaria, sostuvo que los tribunales deben respetar los límites de su poder y no bloquear totalmente acciones del Ejecutivo.
En oposición, la jueza Sonia Sotomayor acusó a la Corte de “seguir el juego de la manipulación legal del gobierno” y advirtió que la orden de Trump ha sido “manifiestamente inconstitucional” en cada revisión judicial previa.
Pam Bondi, fiscal general, celebró la decisión como una victoria para el gobierno de Trump:
“La Corte Suprema instruyó a los tribunales de distrito a detener el bombardeo de medidas cautelares contra el presidente”.
Por su parte, el congresista demócrata Joaquín Castro alertó sobre consecuencias graves:
“La ciudadanía por nacimiento fue establecida para corregir la injusticia contra afroamericanos. Si se permite eliminarla, millones de niños nacerán sin nacionalidad”.
Organizaciones defensoras de inmigrantes, como LULAC, el Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva, y CASA, advirtieron que esta medida creará confusión y caos en hospitales y registros civiles, así como un posible regreso a condiciones pre-Guerra Civil, donde los derechos variaban según el estado.
Lupe M. Rodríguez, directora de NLIRJ, denunció:
“Abrirá la puerta a la apatridia y la discriminación para aquellos nacidos en suelo estadounidense”.
La venezolana Mónica, solicitante de asilo embarazada y demandante en el caso, compartió:
“Presenté esta demanda para proteger los derechos de todos los niños nacidos de inmigrantes, no sólo el mío”.
La orden no entra en vigor de inmediato. Se activará en 30 días, y mientras tanto los grupos civiles trabajan para presentar nuevas demandas colectivas que puedan frenar su implementación antes de que comience en estados como Texas.
Michelle Lapointe, del Consejo Estadounidense de Inmigración, advirtió:
“Si esto se aplica, volveremos a un sistema desigual e inconstitucional, como en los años previos a la Enmienda 14”.
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