EE.UU.

Familiares de Caro Quintero, en la mira de EE.UU.

Nueva York.– El narcotraficante Rafael Caro Quintero será procesado en Estados Unidos bajo el Código 848 del Estatuto Kingpin, una de las leyes más severas del sistema penal federal, y que permite acusar e incautar bienes no solo al capo, sino también a familiares, amigos y socios relacionados con su red criminal.

De acuerdo con fuentes del Departamento de Justicia estadounidense, no existe ni existirá negociación alguna con Caro Quintero, y será juzgado con todo el peso de la ley, enfrentando acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas ilegales y su presunta responsabilidad en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

Tres procesos abiertos y sin posibilidad de acuerdo

El capo mexicano fue extraditado a Nueva York por el gobierno de Claudia Sheinbaum el pasado 25 de julio y actualmente enfrenta tres procesos judiciales en EE.UU.: uno en Nueva York, otro en Texas y uno más en California.

“Falsos, todos los rumores de una negociación con Caro Quintero son mentira”, afirmó un funcionario estadounidense citado por la revista Proceso.

El juicio se celebrará en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, ante el juez Frederick Block, aunque su arranque tomará al menos año y medio o dos años, debido al volumen de evidencias y a la complejidad del caso.

Imputaciones podrían alcanzar a familiares y socios

El Estatuto Kingpin —formalmente “Continuidad de una Empresa Criminal”— permite congelar activos, confiscar propiedades y perseguir a cualquier persona que haya participado en la estructura financiera o logística de la organización criminal.

La fiscal a cargo del caso será Saritha Komatireddy, quien anteriormente logró la condena del exfuncionario mexicano Genaro García Luna. Según se ha informado, la fiscalía ya acumula miles de documentos como evidencia, incluidos expedientes provenientes de México.

La pena mínima esperada para Caro Quintero, de ser hallado culpable, sería cadena perpetua, sin posibilidad de reducción ni beneficios legales.

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