Chihuahua, México.— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó la existencia de una presa y cinco represas construidas ilegalmente en un rancho propiedad del exgobernador César Duarte Jáquez, las cuales almacenan alrededor de 700 mil metros cúbicos de agua para uso personal sin contar con concesión oficial.
El director de Conagua, Efraín Morales López, reveló el hallazgo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, detallando que se trataba de una infraestructura hidráulica construida sin permisos y cuyo derribo ya había comenzado, hasta que una jueza federal concedió una suspensión provisional en menos de 24 horas, frenando las acciones.
“El exgobernador se apoderó ilegalmente del agua en una propiedad de cientos de hectáreas”, denunció Morales, quien añadió que también se detectaron pozos explotados sin autorización dentro del mismo predio. Según la dependencia, la construcción de las represas se dio bajo el amparo del poder político durante el periodo neoliberal, con fines personales y a costa del recurso público.
El funcionario explicó que tras la notificación a los propietarios, se inició el martes la demolición de al menos una de las represas, pero el procedimiento fue interrumpido por una jueza de distrito, quien resolvió un juicio de amparo presentado por familiares de Duarte en tiempo récord. La jueza Madhay Soto Morales, señalada también por haber suspendido previamente la distribución de libros de texto, fue quien otorgó la suspensión.
El caso ha generado fuerte indignación por el contexto de sequía y escasez hídrica que afecta a Chihuahua, donde agricultores y comunidades enteras enfrentan dificultades para acceder al agua, mientras un exmandatario la acapara de manera ilegal para su beneficio.
“Resulta paradójico que mientras campesinos no pueden sembrar por falta de agua, un exgobernador tenga miles de metros cúbicos almacenados sin permiso”, criticó Morales.
La presidenta Sheinbaum instruyó a Conagua a seguir el procedimiento legal y a presentar denuncias penales contra quienes resulten responsables, incluyendo funcionarios o jueces que actúen en complicidad para proteger intereses privados por encima del derecho al agua.
Morales advirtió que no se trata de un caso aislado, ya que a nivel nacional se han realizado más de 2 mil verificaciones y al menos 250 clausuras por uso ilegal del agua. Las inspecciones continuarán como parte de un esfuerzo por reordenar el acceso equitativo a este recurso.
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