CIUDAD JUÁREZ – Indignación y consternación ha generado la decisión del Tribunal de Alzada del Poder Judicial de Chihuahua, que ratificó como homicidio imprudencial el caso del ciudadano estadounidense Henry R., quien el pasado 24 de junio de 2024 provocó un accidente fatal que cobró la vida de tres adolescentes en el bulevar Bernardo Norzagaray, mientras conducía drogado con cocaína y marihuana en su sistema.
La magistrada Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, encargada de revisar el caso, determinó que no había elementos para acreditar dolo eventual, es decir, que el acusado no aceptó ni previó como posible la consecuencia mortal de sus actos, pese a:
Conducir drogado
Provocar un primer choque
Darse a la fuga
Y posteriormente impactar de lleno a un auto familiar, provocando la tragedia
La Fiscalía Zona Norte había solicitado reclasificar el delito como homicidio doloso con eventualidad, pero su petición fue rechazada por el tribunal.
Henry R. conducía un Jeep Wrangler cuando impactó por alcance a un Honda Accord en el que viajaban cinco personas: una madre y sus cuatro hijas. El choque provocó que el vehículo familiar se estrellara contra un camión de carga.
El saldo fue trágico:
Dos hermanas fallecieron en el lugar
Una tercera murió en el hospital
La madre y otra hija resultaron con lesiones graves
El hecho conmocionó a la comunidad fronteriza, no solo por la pérdida de vidas, sino por las condiciones en las que Henry conducía.
Además de la polémica por la clasificación del delito, el proceso judicial tuvo un retraso significativo, ya que la audiencia inicial tuvo que repetirse. ¿La razón? No se notificó al Consulado de Estados Unidos, violando así los derechos consulares del acusado, lo que fue considerado una falta grave en el debido proceso.
El fallo judicial ha sido ampliamente criticado por familiares de las víctimas y organizaciones civiles, quienes cuestionan cómo una persona que conducía bajo el influjo de drogas y causó múltiples muertes puede ser procesada solo por homicidio imprudencial.
El caso ha sido calificado por activistas como “una muestra de impunidad y privilegio”, al tratarse de un extranjero con recursos que, según señalan, ha recibido un trato judicial blando.
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