Fueron localizadas en infraestructura de Telmex, CFE y alumbrado público; quedaron a disposición del Ministerio Público
Jiménez, Chih.– Elementos de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI), en coordinación con personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Ejército Mexicano y autoridades municipales, llevaron a cabo este viernes 18 de julio un operativo para retirar cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en distintos puntos del municipio de Jiménez.
El despliegue conjunto incluyó a agentes de Seguridad Pública Municipal, Servicios Públicos y fuerzas federales, quienes recorrieron diversos sectores de la ciudad con el objetivo de detectar dispositivos irregulares.
Cuatro cámaras fueron aseguradas
Como resultado del operativo, se retiraron cuatro cámaras de video y monitoreo, que estaban colocadas en infraestructura perteneciente a Telmex, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al Sistema de Alumbrado Público.
Los dispositivos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, que se encargará de las investigaciones correspondientes para determinar su origen, responsables y posible uso con fines ilícitos.
¿Quién las instaló y para qué?
Hasta el momento, no se ha identificado públicamente a los responsables de colocar estas cámaras, ni la finalidad concreta con la que operaban. No obstante, la Fiscalía no descarta que podrían haber sido utilizadas para vigilar movimientos de fuerzas de seguridad o para actividades delictivas.
El uso de infraestructura pública para este tipo de instalaciones sin autorización representa un delito, además de un riesgo para la seguridad operativa en zonas con presencia de grupos criminales.
No es la primera vez
En abril pasado, se realizaron acciones similares en este mismo municipio, donde se retiraron 53 cámaras instaladas de manera ilegal, además de otras 33 localizadas en la ciudad de Parral.
Estas operaciones forman parte de los esfuerzos de las autoridades por recuperar el control del monitoreo urbano y evitar que grupos ajenos al Estado mantengan vigilancia en espacios públicos.