La asignación de agentes viales a la frontera destapa redes de favoritismo, inconformidades y elementos que llevaban años sin patrullar
Ciudad Juárez.– La polémica por el envío de elementos de Vialidad a Ciudad Juárez, pese a haber reprobado los exámenes de control y confianza (C-7), ha expuesto una crisis interna dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). Lo que comenzó como una denuncia por presunto abuso laboral, ha revelado una estructura de privilegios soterrados que por años se mantuvo fuera del foco público.
De acuerdo con información obtenida por fuentes internas, muchos de los agentes que hoy protestan habían sido reubicados en tareas administrativas desde hace más de tres años, luego de reprobar las evaluaciones de confianza que normalmente implicarían una suspensión o baja definitiva.
Sin embargo, en lugar de ser separados del cargo, fueron “guardados” en oficinas, sin patrullar, sin portar arma y, en muchos casos, sin realizar labores operativas.
Ahora que han sido comisionados a tareas en Ciudad Juárez, protestan porque, aseguran, no se les brindan viáticos ni condiciones adecuadas para su traslado y estancia.
La Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial ha respondido a las quejas asegurando que sí se están ofreciendo hospedaje, alimentación y apoyo con gasolina a los elementos comisionados a la frontera. Esta versión contradice directamente lo denunciado por algunos policías, quienes alegan condiciones de abandono y maltrato institucional.
Fuentes dentro de la corporación afirman que la molestia real proviene del cambio de dinámica laboral, ya que muchos de los inconformes estaban acostumbrados a cargos cómodos, sin exposición ni responsabilidad en campo.
“Muchos se quejan porque estaban bien a gusto en escritorio, y ahora les toca trabajar bajo el sol”, indicó un mando operativo que pidió anonimato.
Otra de las críticas más fuertes al interior de la SSPE es que los elementos comisionados reprobaron el C-7, por lo que técnicamente no deberían estar activos, mucho menos portando armas o haciendo labores operativas.
Algunos altos mandos consideran que incluso esta comisión a Juárez fue una segunda oportunidad para elementos que debieron haber sido dados de baja, y que ahora se quejan por tener que trabajar sin los privilegios a los que se habían acostumbrado.
Mientras algunos elementos aseguran que la comisión a Ciudad Juárez es una forma de represalia encubierta, otros consideran que es simplemente un ajuste necesario para terminar con años de “congeladora administrativa” dentro de la policía vial.
La polémica ha abierto un debate mayor sobre la transparencia en la asignación de funciones dentro de las corporaciones policiacas, así como el uso político o disciplinario de las comisiones operativas.
Por lo pronto, la imagen de una policía dividida entre quienes arriesgan todos los días en la calle y quienes estaban cómodamente asignados a tareas de oficina vuelve a exhibir las profundas contradicciones en los sistemas de seguridad estatal.
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