Reforma a la Ley Federal del Trabajo busca eliminar prácticas discriminatorias en contrataciones
Ciudad de México.– Una iniciativa presentada en el Senado de la República plantea prohibir que empresas soliciten la carta de no antecedentes penales como requisito general para contratar trabajadores o darles un ascenso, como parte de una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
El objetivo de esta propuesta es combatir la discriminación laboral y facilitar el acceso al empleo formal en México, especialmente para personas en situación vulnerable.
¿Qué propone la reforma?
El proyecto, impulsado por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, busca modificar el artículo 133 de la LFT, añadiendo una nueva fracción que regule este tipo de prácticas.
En términos prácticos, la reforma establece que:
- No se podrá exigir la carta de antecedentes penales como requisito general
- Solo podrá solicitarse cuando el puesto lo justifique plenamente
- Su uso indebido podría convertirse en una práctica sancionable
Esto significa que dejaría de ser un filtro automático en los procesos de contratación.
¿Por qué consideran que es discriminatorio?
Diversos organismos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han señalado desde hace años que pedir este documento sin justificación puede constituir un acto discriminatorio.
Entre los principales argumentos destacan:
- Limita el acceso al empleo sin evaluar habilidades reales
- No siempre está relacionado con el desempeño laboral
- Afecta la dignidad de las personas
Además, estudios de la UNAM advierten que este requisito empuja a muchas personas hacia empleos informales.
Impacto en la reinserción social
Uno de los puntos clave de la iniciativa es su impacto en personas que ya cumplieron una condena.
Actualmente, exigir la carta de antecedentes penales puede:
- Dificultar el acceso a empleos formales
- Reforzar estigmas sociales
- Obstaculizar la reinserción
Esto contradice el objetivo del sistema penitenciario establecido en el artículo 18 constitucional, que busca la reintegración social mediante el trabajo y la educación.
Lo que ha dicho la Suprema Corte
La iniciativa también retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha cuestionado el uso generalizado de este documento.
Entre sus argumentos destacan:
- Tener antecedentes no define la conducta actual de una persona
- El documento no distingue entre tipos de delitos
- Puede incluir casos sin sentencia firme
Por ello, su exigencia indiscriminada podría violar el derecho al trabajo.
¿Cuándo sí se podrá pedir?
La reforma no elimina completamente este requisito. Solo permitirá solicitarlo cuando exista una justificación directa con el puesto, por ejemplo:
- Empleos en seguridad
- Manejo de recursos sensibles
- Actividades que impliquen riesgos específicos
La clave es que deje de ser una regla general y pase a ser una excepción.
Relación con compromisos internacionales
El proyecto también se alinea con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que establece la obligación de eliminar prácticas discriminatorias en el ámbito laboral.
¿Qué cambiaría si se aprueba?
De concretarse esta reforma, se espera:
- Mayor acceso al empleo formal
- Reducción de barreras laborales
- Procesos de contratación basados en habilidades
Se trataría de un cambio importante en la forma en que se evalúa a los trabajadores en México.