WASHINGTON D.C.— El gobierno de Estados Unidos accedió a aplazar por 60 días la próxima audiencia judicial de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, con el fin de continuar las negociaciones legales que podrían evitarle la pena de muerte.
La solicitud fue presentada por ambas partes, fiscalía y defensa, ante el tribunal federal, que originalmente tenía previsto continuar el proceso el 16 de junio de 2025. Sin embargo, en un nuevo documento judicial se pide tiempo adicional para intercambiar pruebas y explorar una posible resolución fuera de juicio, en el marco de un posible acuerdo de culpabilidad.
“Las partes han intercambiado ciertos materiales de descubrimiento (pruebas) y han discutido la posibilidad de llegar a una resolución que evite el juicio (…) Se solicita aplazar la audiencia por aproximadamente 60 días”, señala el expediente oficial.
Desde enero de 2025, la fiscalía estadounidense avanzó con fuerza en su intención de solicitar la pena capital para Zambada, debido a la gravedad de los 17 cargos que enfrenta, entre los que destacan:
Conspiración para asesinato
Tráfico de drogas
Crimen organizado
Posesión de armas
Participación directa en el tráfico de fentanilo hacia EE.UU.
El abogado defensor, Frank Pérez, declaró en febrero a Reuters que Zambada estaría dispuesto a declararse culpable, siempre y cuando se le garantice exclusión de la pena de muerte, lo que actualmente se negocia en el sistema judicial estadounidense.
“El Mayo” Zambada fue arrestado el 25 de julio de 2024 en un aeródromo de Nuevo México por agentes de la DEA, durante un operativo conjunto en el que también fue capturado Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El caso representa un parteaguas judicial por ser el primer proceso directo en contra de Zambada que incluye pruebas vinculadas con el tráfico de fentanilo, sustancia clave en la crisis de salud pública que enfrenta Estados Unidos.
La decisión de aplazar la audiencia deja abierta la posibilidad de una sentencia sin pena de muerte si se logra un acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, las negociaciones continúan bajo estricta confidencialidad, mientras la presión política y social en EE.UU. aumenta por los estragos del narcotráfico y la crisis de opioides.
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