La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que los agentes estadounidenses involucrados en la localización de un laboratorio clandestino de metanfetaminas en la Sierra de Chihuahua únicamente participaron en labores de ubicación del sitio y no en acciones de desmantelamiento.
Durante la conferencia conocida como la Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que la investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) busca determinar si la presencia de los agentes cumplió con las disposiciones legales vigentes en México.
Sheinbaum detalló que los agentes, pertenecientes a una corporación estadounidense, acompañaron a personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para localizar el laboratorio clandestino.
Sin embargo, aseguró que no realizaron acciones operativas dentro del inmueble.
“No iban a desmantelar un laboratorio. Iban a ubicar el laboratorio, ubicaron el laboratorio y se regresaron; no hicieron nada con el laboratorio”, declaró la presidenta.
La mandataria explicó que una vez localizado el sitio, fue la Fiscalía General de la República la instancia encargada de realizar el operativo correspondiente para el aseguramiento y desmantelamiento del laboratorio.
Por ello, enfatizó que el debate actual no gira en torno al combate al narcotráfico, sino al cumplimiento de las leyes mexicanas relacionadas con la actuación de agentes extranjeros.
Sheinbaum recordó que la legislación mexicana establece que cualquier agente extranjero que opere en territorio nacional debe contar con acreditación oficial otorgada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Asimismo, indicó que dichos funcionarios no pueden realizar actividades operativas de manera independiente.
La presidenta reveló que, tras conocerse el caso, otros dos agentes estadounidenses que tampoco contaban con la acreditación correspondiente decidieron abandonar el país.
“Decidieron que mejor se retiraban, que ya no los iban a necesitar”, comentó.
Durante su intervención, Sheinbaum relacionó este tema con recientes solicitudes urgentes de detención con fines de extradición enviadas por autoridades estadounidenses.
Según explicó, dichas solicitudes involucran a diversas figuras políticas mexicanas, incluyendo un gobernador, un senador y un alcalde en funciones.
La mandataria sostuvo que antes de proceder legalmente es necesario que existan pruebas suficientes.
La presidenta reiteró que cualquier acción deberá sustentarse en evidencia sólida y dentro del marco jurídico nacional.
“¿Qué pruebas hay? Todavía no presentan las pruebas”, expresó.
Finalmente, aseguró que tanto el Gobierno de México como la Fiscalía General de la República actuarán conforme a la ley y respetando los procedimientos legales establecidos.
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