México.– México se encuentra cada vez más cerca de enfrentar el pico de la crisis en pensiones, luego de que en 2025 el gasto federal en pensiones y jubilaciones superó los 1.6 billones de pesos, lo que representó un incremento real anual de 6.8%, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Este monto incluye los pagos realizados por el IMSS, ISSSTE, Pemex y la CFE, pero no contempla las pensiones del Bienestar, lo que amplía aún más la presión sobre las finanzas públicas.
El economista Fausto Hernández Trillo, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, advirtió que el país ya vive una crisis estructural en materia de pensiones, la cual continuará intensificándose en los próximos años.
“Es un asunto que le quita grados de libertad a las finanzas públicas porque ya se lleva alrededor del 18% del Presupuesto federal”, señaló en entrevista.
El especialista explicó que el problema se agravará conforme más personas se retiren bajo la Ley 73, un esquema más benévolo donde el Estado asume directamente el pago de la pensión, especialmente para quienes comenzaron a trabajar antes de 1997.
Hernández Trillo estimó que entre los años 2032 y 2034 México alcanzará el punto máximo de presión en el gasto de pensiones, debido al envejecimiento poblacional y al retiro masivo de trabajadores.
“Ya estamos llegando al pico de la montaña. Llevamos 30 años diciendo que viene la crisis de las pensiones. No viene, ya estamos en ella”, enfatizó.
Aunque posteriormente la presión podría disminuir de forma gradual, aclaró que el problema no desaparecerá, sino que solo cambiará de intensidad.
Por su parte, Paulina Anciola e Iván Arias, analistas económicos de Banamex, señalaron que el gasto en pensiones se ha convertido en uno de los principales compromisos del gasto público, incluso por encima del costo financiero de la deuda.
Indicaron que el crecimiento es estructural y responde tanto a la maduración de los sistemas contributivos como al aumento de las pensiones no contributivas, como las transferencias directas a adultos mayores.
De acuerdo con las proyecciones de Hacienda, para 2026 se prevé una presión adicional tanto en el gasto de pensiones como en el costo financiero del gobierno, en un contexto de menor margen presupuestal y mayores necesidades de financiamiento en otros rubros clave como salud, infraestructura y seguridad.
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