Ciudad Juárez, Chihuahua.— El proceso penal contra Mario Gabriel P.P., propietario de los bares El Viejo Oeste y Mario’s Bar, continúa sin avanzar debido a que el acusado no ha sido detenido y sigue pendiente la resolución de un juicio de amparo.
El hombre es señalado por los presuntos delitos de violación agravada y abuso sexual agravado en perjuicio de su hija de cinco años. La orden de aprehensión fue emitida el 6 de agosto y permanece vigente, de acuerdo con Darío Félix, abogado penalista y asesor jurídico de la víctima.
El representante legal explicó que el expediente de amparo fue trasladado de Chihuahua a Ciudad Juárez, pues la orden fue girada por una jueza de control de esta frontera. Aunque el asunto quedó radicado localmente hace alrededor de mes y medio, las audiencias han sido suspendidas.
La audiencia de amparo está programada para el 4 de diciembre. En ella se analizará si la orden de captura cumple con los requisitos constitucionales y legales. El procedimiento no determinará la responsabilidad penal del acusado, sino únicamente la legalidad del mandato judicial.
Si la protección federal es negada, Mario Gabriel P.P. todavía podría impugnar la decisión ante un tribunal colegiado. En caso de que el amparo sea concedido, la orden podría quedar sin efecto.
Mientras se define ese recurso, el acusado no ha sido localizado. La representación de la víctima solicitó cateos en un domicilio donde presuntamente podía encontrarse, pero las peticiones fueron rechazadas, señaló Félix.
El abogado cuestionó que la Fiscalía General del Estado no haya concretado la captura pese al tiempo transcurrido. Aseguró que el equipo jurídico ya entregó la información disponible y pidió reforzar las labores de búsqueda.
El caso se conoció públicamente en agosto, después de que la madre de la niña presentó la denuncia. Según su asesor, ella se encuentra desesperada por la falta de resultados y espera que la detención permita iniciar formalmente el proceso penal.
También han surgido acusaciones cruzadas por supuestas amenazas contra familiares del señalado. La madre de la menor y sus abogados rechazaron cualquier participación. Al momento del reporte, la Fiscalía estatal no había emitido una respuesta sobre las razones por las que la orden seguía sin ejecutarse.




