CIUDAD DE MÉXICO.— Los perros y gatos del país tendrán que salir del “anonimato”. La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que contempla un registro nacional obligatorio y gratuito para animales de compañía.
El dictamen recibió 470 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. El documento fue enviado al Ejecutivo y todavía está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso necesario para conocer su entrada en vigor y la aplicación de sus disposiciones.
Uno de los cambios centrales será el Registro Nacional de Animales de Compañía. En este padrón deberán inscribirse los animales adquiridos o adoptados, con la finalidad de facilitar su identificación y trazabilidad. La legislación establece que el trámite tendrá carácter gratuito.
El nuevo marco también reconoce a los animales como seres sintientes y crea un Padrón de Personas Infractoras. Quienes aparezcan en esa lista por conductas de maltrato o crueldad no podrán recibir apoyos públicos ni obtener determinadas autorizaciones o permisos contemplados por la ley.
La venta de animales únicamente podrá realizarse en establecimientos autorizados, con revisión veterinaria y criterios de salud y trazabilidad. Además, quedará prohibido utilizarlos como premios en rifas, sorteos, concursos o actividades similares, así como entregarlos con fines de propaganda política o comercial.
Entre las conductas consideradas maltrato se encuentran provocar una muerte con sufrimiento prolongado, matar animales sanos sin justificación legal, suministrarles alcohol o drogas sin fines médicos y mantenerlos sujetos de manera que sufran heridas, estrangulamiento o impedimentos para comer y beber.
La legislación también prohíbe las peleas de perros, el uso de animales en concursos de televisión y su participación en protestas, marchas o plantones, salvo los ejemplares empleados por autoridades en labores de rescate, seguridad, búsqueda o vigilancia.
Asimismo, se contempla la creación de centros públicos de atención animal con servicios como vacunación, desparasitación y esterilización. Los estados deberán elaborar sus propios programas de protección y bienestar, mientras las autoridades federales desarrollan normas, estrategias y mecanismos para aplicar la nueva legislación.





