CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a gobernadores y presidentes municipales acelerar el paso para que el programa Vivienda para el Bienestar no quede atrapado entre permisos, registros y otros procedimientos administrativos.
La mandataria encabezó este miércoles 21 de octubre de 2026 una reunión de aproximadamente dos horas en Palacio Nacional. Durante el encuentro fueron revisados los avances de la estrategia habitacional y se establecieron medidas para facilitar su implementación en las entidades y municipios.
Al concluir, Sheinbaum informó que las autoridades acordaron reducir obstáculos administrativos y reforzar la colaboración entre los tres niveles de gobierno. La meta federal es construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio y beneficiar, de acuerdo con lo informado por el Gobierno de México, a 12 millones de familias.
Uno de los compromisos principales será simplificar los procedimientos relacionados con el desarrollo de los conjuntos habitacionales. Los gobiernos estatales y municipales tendrán una participación directa en la identificación de terrenos disponibles y en la gestión de las autorizaciones necesarias.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, explicó que la presidenta solicitó a las autoridades locales colaborar especialmente en la localización de espacios donde puedan construirse las viviendas.
Durante la reunión también fue presentada la Ventanilla de Vivienda Social, herramienta diseñada para concentrar la información requerida por dependencias federales, estatales y municipales. El mecanismo abarcará procedimientos como trámites catastrales y registro de bienes, con la intención de reducir los tiempos de respuesta.
Entre los asistentes estuvieron Samuel García, Pablo Lemus, Alejandro Armenta, Marina del Pilar Ávila, Rocío Nahle, David Monreal y Américo Villarreal. También participaron Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de otros mandatarios y alcaldes.
Los acuerdos colocan ahora parte de la responsabilidad en las autoridades locales: deberán encontrar suelo adecuado, agilizar permisos y mantener coordinación con la Federación para que los proyectos de vivienda social puedan avanzar.
