CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.— Ante incrementos que pueden alcanzar hasta 20 por ciento anual, el Cabildo juarense aprobó por unanimidad solicitar al Congreso del Estado una reforma para poner límite a las alzas en la renta de casas y departamentos.
La propuesta fue presentada por el regidor Antonio Domínguez Alderete durante una sesión ordinaria. Su objetivo es modificar el Código Civil de Chihuahua para que los ajustes anuales en los arrendamientos estén vinculados con la inflación del año anterior.
Durante la exposición se señaló que aproximadamente 350 mil familias de Ciudad Juárez viven en casas rentadas. Este sector enfrenta aumentos que oscilan entre 10, 12, 15 y hasta 20 por ciento cuando vencen o se renuevan los contratos.
De acuerdo con el planteamiento, estas alzas suelen superar el crecimiento de los salarios y reducen la capacidad económica de las familias trabajadoras. Además de dificultar la permanencia en una vivienda, también alejan la posibilidad de ahorrar para adquirir una propiedad.
¿Ya existe un límite para las rentas?
No hay cambios inmediatos. La decisión del Cabildo es únicamente un exhorto dirigido al Poder Legislativo estatal. El Congreso de Chihuahua deberá analizar, redactar y votar una eventual reforma antes de que pueda existir un tope obligatorio.
Mientras eso ocurre, los contratos vigentes continuarán bajo las condiciones pactadas entre propietarios e inquilinos. Por ello, resulta importante que los documentos indiquen claramente el porcentaje o la base utilizada para calcular cualquier ajuste anual.
La iniciativa toma como referencia disposiciones aplicadas en otras entidades. En Nuevo León existe un límite máximo anual de 10 por ciento, mientras que en la Ciudad de México los incrementos están relacionados con el comportamiento de la inflación.
El exhorto también plantea organizar mesas de trabajo, foros de consulta y un parlamento abierto con valuadores, asociaciones inmobiliarias, especialistas, propietarios, arrendatarios y ciudadanos.
Hasta que el Congreso estatal tome una decisión, contar con un contrato escrito y conservar recibos de pago seguirá siendo el principal respaldo para ambas partes ante controversias por aumentos, incumplimientos o desalojos.
