CHIHUAHUA, Chih.— La detención del exfiscal César Jáuregui, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de traición a la patria, colocó bajo presión al Gobierno de Chihuahua y abrió una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿quién conocía la operación en la que habrían intervenido agentes estadounidenses?
De acuerdo con la acusación federal citada en el material de referencia, Jáuregui habría ordenado y coordinado durante abril un operativo en El Pinal, Morelos, en el cual participaron cuatro agentes de la CIA sin contar presuntamente con autorización de las autoridades federales.
El despliegue terminó en tragedia. Dos de los agentes estadounidenses y dos elementos locales perdieron la vida en un accidente vehicular. Más allá del choque político que ahora rodea el expediente, el caso también carga con el dolor de cuatro familias que esperan claridad sobre lo ocurrido.
La FGR sostiene que el exfiscal habría permitido la intervención de extranjeros dentro del territorio nacional. Su defensa, por su parte, ha planteado que las responsabilidades derivadas de las decisiones institucionales no necesariamente quedarían limitadas a un solo funcionario.
La gobernadora María Eugenia Campos ha rechazado estar involucrada directamente. Según el texto original, primero dijo no tener certeza sobre la presencia de estadounidenses; posteriormente reconoció que Jáuregui le informó sobre ciudadanos norteamericanos involucrados y después afirmó que algunos funcionarios habían actuado “por la libre”.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que, hasta donde tenía conocimiento, no existían pruebas que vincularan directamente a la mandataria estatal. Esa postura, sin embargo, no sustituye las conclusiones que deberán surgir de las investigaciones.
El punto central es la cadena de mando. La seguridad nacional corresponde a la Federación y la participación de agentes extranjeros requiere autorizaciones específicas. Por ello, además de definir la situación jurídica de Jáuregui, las autoridades deberán establecer quién autorizó el operativo, quién tuvo conocimiento y qué decisiones fueron tomadas.
La responsabilidad penal tendrá que acreditarse con pruebas individuales. En el terreno político, el Gobierno de Chihuahua enfrenta el reto de explicar con transparencia cómo funcionaron sus controles internos y por qué una operación de esa naturaleza habría avanzado sin los permisos correspondientes.
