CHIHUAHUA, Chih.— La gobernadora Maru Campos fijó postura ante el proceso que enfrenta el exfiscal César Jáuregui Moreno y aseguró que su administración colaborará con la Fiscalía General de la República (FGR), además de actuar si las investigaciones arrojan nuevos hechos de competencia estatal.
En un mensaje difundido por la mandataria, explicó que la autoridad federal judicializó una causa distinta dentro del ámbito de sus atribuciones y con base en sus propias indagatorias. Señaló que Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia presentada por la Federación, siempre dentro del marco legal.
“Si de las investigaciones en curso derivan otros hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, la Fiscalía del Estado actuará en el ámbito de su competencia”, expresó Campos. También indicó que el estado entregará a la autoridad federal los datos que sean requeridos.
La gobernadora habló además de la Unidad Especializada creada para investigar el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos. Sostuvo que dicha unidad respondió a la necesidad de ofrecer transparencia y claridad a la población de Chihuahua sobre lo ocurrido.
De acuerdo con Campos, la etapa inicial de esa investigación concluyó y derivó en la judicialización del expediente por delitos del fuero común que, según las indagatorias, estarían relacionados con los hechos. Afirmó que la Fiscalía estatal realizó las acciones correspondientes y ha informado sobre el avance del proceso.
La mandataria remató su posicionamiento con una frase dirigida a quienes forman o formaron parte de su administración: “Nadie está por encima de la ley”.
La información difundida señala que Jáuregui enfrentaría una segunda audiencia, la primera en instancia federal, en el penal del Altiplano, Estado de México, por una imputación de traición a la patria. En el ámbito local compareció inicialmente por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Las imputaciones forman parte de procedimientos judiciales en desarrollo y no representan por sí mismas una declaración de culpabilidad, la cual deberá ser determinada por las autoridades jurisdiccionales.
