Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó que, a partir de 2027, los aumentos al salario mínimo se limiten a la inflación y dejen atrás los incrementos extraordinarios aplicados durante los últimos años.
José Medina Mora, presidente del organismo empresarial, propuso eliminar el Monto Independiente de Recuperación (MIR), mecanismo utilizado para que el salario mínimo crezca por encima de la inflación. “Ya es nada más un ajuste por inflación”, declaró el dirigente.
La postura del CCE parte de que los incrementos extraordinarios ya habrían cumplido el objetivo de recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los trabajadores. De acuerdo con Medina Mora, también se alcanzó la meta de que el ingreso mínimo cubra dos canastas básicas.
El sector patronal sostiene que ahora el reto consiste en conservar ese avance sin aumentar la presión sobre las empresas. Entre sus principales preocupaciones se encuentran el encarecimiento de las contrataciones, las dificultades de los pequeños negocios para cumplir con sus obligaciones laborales y un posible freno a la creación de empleos formales.
Según las cifras expuestas en el planteamiento, el salario mínimo general pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026. Esto representa un crecimiento nominal superior al 250 por ciento, aunque la inflación redujo el alcance de la ganancia real.
La propuesta aparece en medio del debate sobre la informalidad laboral, pues más de la mitad de la población ocupada trabaja fuera del empleo formal. La discusión enfrenta dos objetivos: mejorar los ingresos de los trabajadores y evitar que los mayores costos laborales desalienten nuevas contrataciones.
Sin embargo, la posición empresarial no determina todavía el aumento de 2027. La decisión deberá tomarse en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), donde participan representantes del gobierno, los trabajadores y los empleadores.
Por ahora, el CCE fijó su postura a favor de ajustes ligados únicamente a la inflación. Queda pendiente conocer la posición de los sindicatos y del Gobierno de México durante las negociaciones que definirán si continúa la recuperación acelerada del salario mínimo o comienza una etapa enfocada en preservar su poder adquisitivo.
