Ciudad Juárez, Chihuahua. Rosa Alejandra Q.R. y Diego Francisco V.M. enfrentarán un proceso judicial por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar con penalidad agravada, cometido presuntamente en perjuicio de un niño de ocho años.
La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que presentó ante la autoridad judicial evidencias y argumentos relacionados con las agresiones físicas y psicológicas que, de acuerdo con la investigación, sufrió el menor durante distintos periodos.
Según la indagatoria ministerial, entre el 14 y el 21 de diciembre de 2025, Rosa Alejandra Q.R., pareja del padre biológico del niño, presuntamente le arrojó agua hirviendo en la mano derecha porque no habría lavado correctamente los trastes.
La Fiscalía también señaló que la mujer habría sujetado al menor y colocado la mano lesionada sobre el fuego de una estufa. La agresión le habría provocado quemaduras de tercer grado.
Los antecedentes recabados indican que, entre abril y diciembre de 2025, la imputada presuntamente ejerció agresiones sistemáticas contra el niño. Entre los actos investigados se encuentran bofetadas, golpes con un cinturón y castigos que consistían en obligarlo a permanecer en cuclillas frente a una pared.
En cuanto a Diego Francisco V.M., padre biológico de la víctima, el Ministerio Público lo acusa de ejercer violencia física entre abril de 2024 y septiembre de 2025. Durante ese periodo habría golpeado a su hijo con un cinturón y un palo de escoba.
Tras analizar los elementos expuestos durante la audiencia, el juzgador determinó mantener a los dos adultos bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Además, concedió un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
La representación social indicó que el procedimiento busca garantizar el acceso a la justicia para víctimas pertenecientes a grupos vulnerables y sancionar las conductas que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.
Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Rosa Alejandra Q.R. y Diego Francisco V.M. deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.
