Torreón, Coahuila.— Maribel Alvarado, madre de los dos jóvenes procesados por el ataque ocurrido en la Escuela Secundaria 13 del ejido La Unión, informó que perdió su empleo y tuvo que abandonar su vivienda debido a las amenazas recibidas por su familia.
La mujer permanece resguardada con familiares junto con sus otros dos hijos menores, mientras la Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene abierta una investigación sobre el entorno familiar, social y digital de los acusados.
“Yo no tuve nada que ver ahí. Fue cosa de mis hijos. Pero si ellos hicieron eso, son mis hijos, yo voy a estar con ellos”, declaró Alvarado en una entrevista concedida al diario Siglo de Torreón.
De acuerdo con la información disponible, los hermanos, ambos de 18 años y conocidos como “Los Cuates”, ingresaron el 1 de octubre al plantel del que habían egresado. Presuntamente portaban armas blancas y artefactos explosivos caseros.
El ataque dejó sin vida a la subdirectora Nery Edith Nevárez González, de 56 años, además de cuatro personas heridas, entre alumnos y personal administrativo. Los jóvenes fueron retenidos por integrantes de la comunidad y trabajadores escolares hasta ser entregados a las autoridades.
El 4 de octubre, ambos fueron vinculados a proceso y quedaron bajo prisión preventiva. La investigación complementaria se extenderá hasta abril de 2027. Según lo anticipado por la Fiscalía estatal, podrían recibir penas de hasta 60 años de prisión en caso de ser declarados culpables.
La abuela de los jóvenes, identificada como Dolores, también expresó que la familia desconocía lo que ocurriría. Tras dejar su casa, Alvarado perdió su fuente de ingresos y sus dos hijos menores han tenido que permanecer en un entorno de resguardo e incertidumbre.
La Fiscalía indicó que uno de los hermanos había permanecido en un centro de rehabilitación por decisión de su familia, aunque descartó que esa estancia estuviera relacionada con consumo de sustancias. También señaló que los acusados no se encontraban bajo el influjo de drogas al momento de los hechos.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado una motivación específica. Las indagatorias continúan para determinar si existían antecedentes de violencia o alguna influencia derivada de contenidos consultados en internet.
